La parlamentaria del Senado Elizabeth MacDonough ha rechazado disposiciones clave de Medicaid en el megaproyecto de ley republicano del Senado, con un fallo que supone un duro golpe para la estrategia republicana de recortar el gasto federal y aprobar el proyecto de ley rápidamente.

El Senado transformó disposiciones clave de la versión aprobada por la Cámara de Representantes del proyecto de ley “One Big Beautiful Bill” de Trump, una medida que ampliaría billones de dólares en recortes de impuestos, gastaría cientos de miles de millones en la aplicación de las medidas de control de la inmigración y recortaría el gasto en programas de beneficios sociales y contra la pobreza.

MacDonough rechazó un plan para limitar el uso de los impuestos a los proveedores de atención médica por parte de los estados para recaudar más fondos federales de Medicaid, una propuesta que habría generado cientos de miles de millones de dólares en ahorros para compensar el costo de hacer permanentes los recortes de impuestos corporativos del presidente Trump, según un resumen demócrata del fallo de la parlamentaria.

El Partido Republicano podría no incluir muchas de sus propuestas iniciales para expulsar a los inmigrantes de Medicaid, dictaminó la parlamentaria del Senado, abriendo un agujero de casi $250 mil millones de dólares en el presupuesto del proyecto de ley.

La decisión de la parlamentaria podría obligar al líder de la mayoría del Senado, John Thune (republicano por Dakota del Sur), a reconsiderar su plan de someter a votación el proyecto de ley del Senado esta semana.

Se proyectaba que el límite a los impuestos a los proveedores de atención médica también ahorraría cientos de miles de millones de dólares en los próximos 10 años, pero habría obligado a los estados a asumir una parte sustancialmente mayor del costo de la cobertura de Medicaid.

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Esa disposición generó una fuerte oposición por parte de varios senadores republicanos, entre ellos los senadores Josh Hawley (republicano por Missouri), Susan Collins (republicana por Maine), Lisa Murkowski (republicana por Alaska) y Jerry Moran (republicano por Kansas), quienes advirtieron que los profundos recortes al gasto federal de Medicaid podrían provocar el cierre de docenas de hospitales rurales en sus estados.

La parlamentaria dijo que esa y otras medidas violan las reglas que rodean la conciliación presupuestaria, el proceso que los republicanos están usando para evitar una obstrucción demócrata en el Senado.

El proceso de conciliación presupuestaria requiere que ambas cámaras aprueben una resolución presupuestaria con lineamientos generales de políticas para el proyecto de ley y luego aprueben la legislación misma.

Otro problema importante es que, si la medida es aprobada por el Senado, cuando regrese para ser confirmada por los republicanos de la Cámara de Representantes, la legislación parecerá irreconocible con los nuevos cambios y ya no se adhiere a los compromisos duramente ganados que los legisladores de la cámara baja consiguieron hace apenas un mes.

Trump presiona para que se apruebe el proyecto de ley

Trump recibió el jueves al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y a otros legisladores republicanos en la Sala Este de la Casa Blanca, junto con camioneros, bomberos, trabajadores a sueldo, ganaderos y otros que, según el gobierno, se beneficiarán del proyecto de ley.

“No queremos que se queden con la boca abierta”, dijo Trump sobre los republicanos que se resisten a votar.

“El día que firme este proyecto de ley, casi todas las promesas importantes hechas en la campaña de 2024 ya se habrán convertido en promesas cumplidas”, dijo Trump a una multitud en la Casa Blanca el jueves en el evento para apoyar la legislación.

“Tenemos planes de contingencia”, declaró el líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune, de Dakota del Sur.

Los votos previstos para el viernes parecían estar disminuyendo, pero Thune insistió en que “seguimos avanzando”.

Total oposición demócrata

Los demócratas, unidos contra el paquete por considerarlo una exención fiscal para los ricos a expensas de los programas de protección social estadounidenses, afirmaron que las decisiones de procedimiento devastarían el proyecto de ley republicano.

El senador de Oregon Jeff Merkley, el demócrata de mayor rango en el Comité de Presupuesto del Senado, elogió el fallo.

“Los demócratas están luchando contra los planes de los republicanos de desmantelar Medicaid, desmantelar la Ley de Atención Médica Asequible y expulsar a niños, veteranos, adultos mayores y personas con discapacidades de su seguro médico, todo para financiar exenciones fiscales para multimillonarios”, dijo Merkley en un comunicado.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, ha dicho que los demócratas se opondrán a los esfuerzos para aprobar el parche de ley presupuestaria liderado por los republicanos que fue aprobado por la Cámara casi sin apoyo bipartidista.

Schumer habló el jueves en el Senado para condenar nuevamente la “gran y fea traición” de los republicanos, pidiéndoles que abandonen las políticas moralmente corruptas incluidas en su legislación que afectarían drásticamente la atención médica de los estadounidenses, los beneficios SNAP, los costos de energía y mucho más.

Schumer dijo: “¿Por qué los republicanos no cumplen las promesas que llevan semanas haciendo de no recortar Medicaid?”

“El proyecto de ley republicano hace exactamente lo contrario de lo que dicen: no salva Medicare ni la atención médica, ¡la destruye por completo! Estudios independientes muestran que el proyecto de ley republicano recortaría la atención médica para 16 millones de estadounidenses. Destruiría los hospitales rurales. Perjudicaría las residencias de ancianos. Eliminaría casi un millón de empleos. Y aumentaría los costos de la atención médica para todos, incluso para quienes tienen seguro privado. Ese es el proyecto de ley en el que están trabajando los republicanos ahora mismo. Eso es lo que haría”, alertó Schumer.

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Trump hizo este comentario durante un evento en la Casa Blanca para promover el proyecto de ley de gasto público que busca que el Congreso apruebe antes del feriado del 4 de julio y adelantó que prevé sellar pronto otro acuerdo comercial con India.

“Firmamos (el acuerdo) con China ayer. Lo acabamos de firmar”, dijo en un acto en la Casa Blanca realizado para impulsar su proyecto fiscal y presupuestario, que está bajo tramitación en el Senado.

El líder republicano no ofreció nuevos detalles de ese pacto. A mediados de junio, no obstante, tras la conversación entre representantes de ambos países mantenida durante dos días en Londres, Trump apuntó que el acuerdo incluye un arancel estadounidense del 55% a productos chinos y otro del 10% a los bienes de EE.UU. por parte de Pekín.

Este miércoles no se había filtrado información sobre la firma del acuerdo comunicada por Trump ni se convocó a la prensa al respecto.

“Tenemos otro próximo, quizá con la India, uno muy grande”, añadió Trump, de nuevo sin dar detalles.

Los de China y el Reino Unido son los dos únicos pactos que ya han sido sellados.

La Casa Blanca insistió este jueves en que no considera “crítico” el plazo del 9 de julio establecido inicialmente por el presidente para negociar nuevos acuerdos comerciales con sus socios y así evitar la aplicación de sus mal llamados “aranceles recíprocos”.

Desde que regresó al poder en enero, Trump ha impulsado aranceles globales que luego puso parcialmente en pausa para dar tiempo a que el resto de los países negocien nuevos pactos comerciales con Washington.

Este jueves advirtió que no se cerrarán todos los acuerdos pendientes: “No vamos a hacer tratos con todos. Les enviaremos una carta con un gracias y un pagas el 25, el 35, el 45%”, sostuvo.

Trump consideró que lo más destacado de su política arancelaria es haber conseguido que las empresas vuelvan a establecer o instalen sus fábricas en el país para evitar pagar gravámenes.

“Tal vez más importante que los miles de millones de dólares de los aranceles es el hecho de que tenemos cientos de plantas en construcción en todo Estados Unidos que nunca habrían estado aquí”, añadió.

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“La CIA puede confirmar que un conjunto de información fidedigna indica que el programa nuclear iraní ha resultado gravemente dañado por los recientes ataques selectivos”, escribió Ratcliffe en un comunicado publicado en redes sociales.

“Esto incluye nueva información de una fuente y un método históricamente fiables que indican que varias instalaciones nucleares iraníes clave fueron destruidas y que deberán reconstruirse a lo largo de los años”, dice el comunicado.

Una evaluación inicial de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) que había sido filtrada el martes, había encontrado que el bombardeo estadounidense contra tres instalaciones nucleares iraníes no las destruyó y solo retrasó el programa nuclear del país “unos meses”.

La evaluación inicial de los daños, reportada por CNN y otros medios de comunicación, supondría que las declaraciones del presidente, Donald Trump, de que las capacidades nucleares del país habían sido eliminadas, eran exageradas.

La DIA enfatizó el miércoles en un comunicado que sus hallazgos no eran concluyentes y que aún no habían podido revisar los sitios físicos, lo que daría “una mejor indicación”.

Antes de las declaraciones de Ratcliffe, Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, también señaló que “las instalaciones nucleares de Irán han sido destruidas” y acusó a los medios de comunicación de publicar “selectivamente fragmentos de evaluaciones de inteligencia clasificadas, filtradas ilegalmente”.

La ofensiva estadounidense, con la que Estados Unidos entró en el conflicto de Israel contra Irán, involucró a 125 aeronaves, incluyendo siete bombarderos B-2, aviones cisterna de reabastecimiento, aeronaves de reconocimiento y cazas. Se emplearon además setenta y cinco bombas y misiles. 

Los daños precisos infligidos a las instalaciones nucleares de Irán y la viabilidad de su programa más amplio se han convertido en temas políticamente sensibles, con Trump y sus altos funcionarios denunciando la filtración del informe de la DIA y los medios de comunicación que lo informaron.

Los legisladores demócratas han acusado a la Casa Blanca de posiblemente exagerar el impacto de los ataques.

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Un juez federal de San Francisco impidió temporalmente que 21 agencias federales implementen una orden ejecutiva que prohibió la negociación colectiva a cerca de un millón de empleados federales, alegando razones de “seguridad nacional”.

La orden ejecutiva, firmada por el presidente Donald Trump en marzo, prohibió a los sindicatos representar a empleados de agencias dedicadas principalmente a la defensa nacional, las relaciones exteriores, la ciberseguridad, la seguridad fronteriza y la seguridad pública.

El juez James Donato, de la Corte de Distrito de EE.UU. en San Francisco, concedió la medida cautelar solicitada por una coalición de sindicatos cuyos miembros serían despojados de sus derechos de negociación colectiva en virtud de la orden ejecutiva de Trump.

Sin embargo, la decisión de Donato contradice un fallo de mayo del Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C., que levantó el bloqueo de otro juez a la orden de Trump relativa a los miembros de otro sindicato.

Donato, designado por el expresidente Barack Obama, afirmó que los sindicatos que presentaron el caso ante él habían “demostrado una seria duda sobre si se habían violado sus derechos amparados por la Primera Enmienda”.

El juez declaró que bloqueaba la orden ejecutiva a la espera de un juicio sobre su constitucionalidad.

“Los demandantes han planteado serias dudas en virtud de la Primera Enmienda que justifican un litigio adicional”, escribió, y añadió que los sindicatos han demostrado que se enfrentarían a “una alta probabilidad de sufrir daños irreparables por la pérdida de su derecho a la negociación colectiva y derechos conexos”.

La administración Trump tiene la opción de apelar el fallo de Donato ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU.

El tema en cuestión es la orden ejecutiva sin precedentes de Trump, emitida en marzo, que busca abolir los contratos sindicales de varias agencias en nombre de la seguridad nacional.

Donato también determinó que a los abogados del Departamento de Justicia que representaban a la administración Trump les resultó difícil justificar que algunas agencias, como el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, debieran considerarse principalmente como agencias con una misión de seguridad nacional.

La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, principal demandante en el caso, argumentó que la aplicación selectiva de la orden ejecutiva por parte de la administración Trump —permitiendo a las agencias reconocer a algunos sindicatos y excluyendo a otros— constituía una represalia inconstitucional dirigida contra los sindicatos que se manifiestan en contra de las políticas laborales federales de la administración y las impugnan en los tribunales.

Además, la demanda alega que la administración intenta aplicar la exención de seguridad nacional para eliminar los derechos de trabajadores cuyas funciones principales no están relacionadas con la seguridad nacional.

Donato afirmó en su fallo que la hoja informativa de la Casa Blanca constituía una “prueba sólida de la relación entre el ejercicio de los derechos amparados por la Primera Enmienda y una sanción gubernamental”.

La hoja informativa de la Casa Blanca sobre la orden ejecutiva denunció a los “sindicatos federales hostiles” y a “ciertos sindicatos federales” que “han declarado la guerra a la agenda del presidente Trump” y que están “contraatacando” a Trump.

La hoja informativa también afirmaba: “El presidente Trump apoya las colaboraciones constructivas con los sindicatos que colaboran con él”, pero “no tolerará” a los sindicatos que se opongan a su agenda.

Donato afirmó que la hoja informativa “expresaba una clara postura hostil hacia los sindicatos federales y sus actividades en relación con la Primera Enmienda” y “condenaba a los sindicatos que criticaban al presidente y expresaban su apoyo únicamente a los que se atenían a la línea”.

“Nada de esto implica que la Corte juzgará las decisiones del presidente en materia de seguridad nacional”, escribió Donato. “No lo hará. Más bien, esto constituye una prueba fehaciente de una cuestión seria y plausible en relación con la Primera Enmienda”.

Con información de CNN y Federal News Network

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La decisión se tomó después de que alguien filtrara una evaluación interna que sugería que los bombardeos del sábado a las instalaciones nucleares de Irán no fueron tan exitosos como afirmó el presidente Trump, según informaron cuatro fuentes a Axios.

El FBI también está investigando la filtración.

El gobierno planea limitar la información clasificada que comparte en CAPNET, el sistema de intercambio de información clasificada utilizado tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado, según las fuentes.

La filtración de la “Evaluación de Daños en Batalla” preliminar de la Agencia de Inteligencia de Defensa indignó a Trump y a otros altos funcionarios, quienes afirmaron que estaba incompleta y que su publicación tenía como objetivo desmentir las afirmaciones de Trump de que las instalaciones nucleares de Irán habían sido “destruidas”.

“Les estamos declarando la guerra a quienes filtran información”, declaró un alto funcionario de la Casa Blanca el miércoles.

Axios fue el primero en informar sobre los planes de la Casa Blanca.

Los líderes demócratas ya estaban cuestionando el retraso respecto a los planes de compartir información sobre los ataques de Estados Unidos a Irán, porque La Cámara de Representantes y el Senado tenían previsto recibir informes clasificados sobre los ataques en Irán el martes, pero estos se retrasaron. El Senado recibirá ahora un informe el jueves y se espera que la Cámara lo reciba el viernes.

Los principales demócratas del Congreso también cuestionan la decisión del presidente Trump de limitar el intercambio de información de inteligencia con el Capitolio tras las supuestas filtraciones de evaluaciones preliminares sobre el ataque estadounidense a las instalaciones nucleares iraníes.

En una conferencia de prensa de la OTAN en Europa el miércoles, Trump criticó la cobertura de la filtración de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), al igual que lo hizo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional.

Ellos dijeron que Estados Unidos atacó las tres instalaciones nucleares de Irán con tantos misiles Tomahawk y enormes bombas antibúnkeres que el programa nuclear iraní sufrió un importante retroceso, coincidiendo con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Hegseth afirmó que la filtración tuvo motivaciones políticas e insistió en que las bombas cayeron “precisamente donde debían”.

Añadió: “Cualquier evaluación que indique lo contrario es especular con otros motivos” y calificó la filtración de “completamente falsa”.

“Todo esto sobre la inteligencia: Esto es lo que un filtrador te dice que dice la inteligencia”, dijo Rubio.

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El cuarto Informe Nacional Anual de Familias Latinas ofrece una instantánea de las aspiraciones, desafíos y temores de las familias latinas con niños pequeños en Estados Unidos, en un contexto de intensificación de la política de la Administración sobre la inmigración.

La encuesta incluyó a casi 1,400 familias latinas en Estados Unidos. Este informe ofrece un panorama de las esperanzas, preocupaciones y visiones de las familias para un futuro estable y próspero para ellas y sus hijos.

Más encuestados que nunca (45%) afirmaron que su situación financiera empeoró durante el último año, y las familias latinas seleccionaron una serie de problemas económicos que, en su opinión, son cruciales para que el gobierno federal los aborde, incluyendo el aumento salarial, la reducción del costo de vida y la creación de viviendas más asequibles, informó Unidos US en un comunicado de prensa enviado a La Opinión.

Por primera vez desde que se realizaron estas encuestas, los encuestados eligieron dos políticas migratorias entre las más importantes que la administración y el Congreso deben abordar: proteger los derechos de los inmigrantes y brindar una vía para obtener la ciudadanía.

Las familias también expresaron un temor generalizado en relación con las políticas de línea dura de la administración.

Más de la mitad expresó su preocupación por la detención o deportación de sus amigos y familiares, y entre el 24% y el 35% afirmó que evitará buscar apoyo y servicios esenciales, como tratamiento médico y programas de educación temprana para sus hijos, en respuesta a las políticas de la administración.

“El efecto disuasorio es generalizado, y estos cambios de comportamiento pueden ser devastadores para los niños”, declaró Adrián A. Pedroza, Director Ejecutivo Nacional de AP-OD. “El impacto de las políticas migratorias de la administración en las familias sobrevivirá al mandato del presidente Trump, y será responsabilidad de todos ayudar a las comunidades a reconstruir sus vidas”.

Hallazgos clave del informe

Oportunidades económicas y resiliencia: El 45 % afirmó que su situación financiera empeoró durante el último año. El 20 % informó haber iniciado un nuevo negocio el año pasado.

Temores migratorios y un camino a seguir: Al 57 % le preocupa que sus amigos o familiares sean detenidos o deportados debido a su estatus migratorio. El 35 % afirmó que las políticas migratorias del presidente podrían hacer que eviten hablar con la policía o denunciar un delito.

Bilingüismo: El 88 % desea que sus hijos sean bilingües en inglés y español. El 92 % afirmó que las guarderías deberían ofrecer educación multilingüe y multicultural.

Necesidad urgente de cuidado infantil asequible: El 39 % de las familias gasta entre el 11% y el 25% de su salario neto en cuidado infantil, mientras que el 17% gasta entre el 26% y el 50% de sus ingresos. El 23% no puede trabajar debido a la falta de cuidado infantil.

Bienestar familiar y redes de seguridad social: Nueve de cada 10 padres apoyan los programas estatales de licencia familiar remunerada que les permiten cuidar a los recién nacidos sin soportar el estrés y la incertidumbre de las ausencias laborales no remuneradas.

Casi la misma cantidad, alrededor del 87%, apoya la ampliación del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo para ofrecer $5,000 dólares por hijo al año, con pagos trimestrales.

A pesar de la incertidumbre económica, las familias latinas en todo Estados Unidos siguen liderando con resiliencia, ambición y un firme compromiso con el futuro de sus hijos.

El informe muestra que las familias buscan activamente empleos mejor remunerados, emprenden negocios y ahorran para la educación de sus hijos.

“Estas familias no esperan el cambio. Están construyendo su poder”, afirmó Amalia Chamorro, directora del Proyecto de Política Educativa de UnidosUS. “Ahora es el momento de que los legisladores complementen esa determinación con políticas que honren las contribuciones de las familias latinas a la prosperidad económica de Estados Unidos”.

El Informe Nacional de Familias Latinas 2025 está disponible en línea en nationalsurvey.ap-od.org/2025-report/.

La comunidad latina es una potencia económica en Estados Unidos, generando $3.6 billones de dólares en producto interno bruto solo en 2022, una cantidad que, por sí sola, la ubicaría como la quinta economía más grande del mundo, según 2024 Official LDC U.S. Latino GDP Report.

Los votantes hispanos elegibles constituyen el segundo bloque de votantes raciales o étnicos más grande y de mayor crecimiento en Estados Unidos, con más de 36 millones de votantes elegibles. Los votantes latinos son, en promedio, más jóvenes que sus contrapartes blancas no hispanas, y cada año, alrededor de 1.4 millones de latinos cumplen los requisitos para votar, según Pew Research Center.

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La orden del juez principal del Tribunal de Distrito de EE.UU. de Maryland, emitida el mes pasado, inició una suspensión automática de dos días para las impugnaciones de habeas corpus, en parte para preservar el estado de la situación legal y para garantizar que los solicitantes puedan participar en los procedimientos y acceder a asistencia legal.

La administración Trump tomó una medida aún más inusual el martes por la noche, para anular la inusual decisión del juez Russell: presentó una demanda contra él y los otros 14 jueces federales que ejercen en Maryland, buscando una orden judicial que bloquee la regla de permanencia.

Que el DOJ demande a todo un tribunal es extremadamente inusual; algunos expertos legales afirman no haber visto una demanda similar.

Esta medida marca la última escalada de la administración Trump en su intento de socavar los tribunales federales y erosionar las protecciones del debido proceso.

Qué dice la demanda

El DOJ alega en la demanda de 22 páginas que los tribunales de todo el país han emitido una avalancha de órdenes judiciales contra varias partes de la agenda del presidente Trump casi desde el momento en que regresó al cargo.

Los abogados de la Administración intentaron fundamentar su demanda contra el juez Russell y sus colegas en ese contexto, argumentando que la nueva norma de legitimación vulneraba las facultades inherentes de la Casa Blanca para “hacer cumplir las leyes de inmigración del país”.

“Esta demanda constituye otro ejemplo lamentable del uso ilegal de las facultades equitativas para restringir al ejecutivo”, escribieron los abogados.

“En concreto, los demandados han instituido una orden judicial declaradamente automática contra el gobierno federal, emitida al margen de cualquier caso o controversia en particular”.

La denuncia alega que el juez principal George L. Russell III del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Maryland emitió una orden “ilegal y antidemocrática” en mayo que otorga una suspensión de dos días de la deportación a cualquier detenido bajo custodia de inmigración que presente una petición de hábeas corpus, que es una demanda que alega detención injusta.

Cuáles son los casos más conocidos amparados por la regla de la corte de Maryland

El caso más conocido es posiblemente el de Kilmar Armando Ábrego García, un salvadoreño que fue arrestado el 12 de marzo por agentes de inmigración en Maryland. Ábrego García llevaba casi seis años viviendo en el estado al amparo de una orden que prohibía expresamente que fuera devuelto a su país de origen, donde podría correr peligro.

Tres días después de su detención, Ábrego García fue trasladado en avión a El Salvador —el único lugar al que la orden prohibía ser enviado— en lo que las autoridades posteriormente calificaron de “error administrativo”.

Tras eludir repetidamente tres órdenes judiciales, incluida una de la Corte Suprema, para “facilitar” la liberación de Ábrego García, el Departamento de Justicia lo trajo de vuelta a territorio estadounidense este mes, aunque para enfrentar cargos federales que lo acusan de participar en una conspiración para el tráfico de inmigrantes indocumentados a través de Estados Unidos como miembro de la MS-13.

Todos los jueces del Tribunal de Distrito de Maryland fueron nombrados como demandados, ya que todos deben aprobar la decisión antes de que se emitan las órdenes judiciales permanentes.

Entre los demandados se encuentra la jueza Paula Xinis, quien preside la demanda de Kilmar Abrego García, quien impugna su expulsión injustificada de Estados Unidos y su encarcelamiento en El Salvador a principios de este año.

Los jueces de Maryland también han dictado sentencia sobre otros casos importantes este año, poniendo en suspenso iniciativas clave de Trump y encontrando varias violaciones de la ley en la avalancha de órdenes ejecutivas y medidas de la administración en materia de inmigración, despido de trabajadores federales, suspensión de la atención médica para jóvenes transgénero y otros temas.

Expertos legales consultados por varios medios dijeron que la demanda del Departamento de Justicia plantea inquietudes sobre las protecciones que tienen los jueces frente a demandas por sus actos oficiales, como emitir órdenes en los casos.

Con información de The Washington Post, The New York Times y Democracy Docket

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Con un 90% del voto escrutado, Mamdani tiene el 43% del apoyo de los demócratas, seguido por Cuomo con un 36%, y en tercer lugar el contralor Brad Lander, con el 11%. Este último ya ha dado su respaldo a la candidatura de Mamdani, con un mensaje en el que afirma que “enviaremos a Cuomo de nuevo a los suburbios”.

Aunque Mamdani no haya logrado el 50% que daría por resuelta la elección según las reglas de las primarias, Cuomo concedió el resultado a Mamdani declarando que “esta es su noche, se la merece, ha ganado”.

Mamdani, de 33 años, un legislador del estado con corta trayectoria política, representa el ala izquierdista de los demócratas y ha recibido el respaldo de los congresistas de izquierdas en el Congreso nacional Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, además de gozar de una notable popularidad entre los jóvenes, que ven a Cuomo como un representante del ‘establishment’.

El sistema de voto de las primarias daba la posibilidad de elegir a cinco aspirantes a alcalde por orden de preferencia, lo que hacía prever un largo escrutinio de varios días, pero la diferencia parece ahora clara en favor de Mamdani.

La Junta Electoral de Nueva York planea publicar los resultados definitivos dentro de una semana, el próximo martes, pero puede retrasarse aún más dependiendo del escrutinio y también del conteo de votos por correo, entre otras cosas.

En las anteriores primarias demócratas, pasaron dos semanas antes de que se definiera a Eric Adams como candidato definitivo y quien posteriormente ganó las elecciones a la alcaldía, a las que ahora se presentará como independiente en los comicios de noviembre próximo.

Mamdani se declara “socialista democrático” y tiene a sus espaldas un historial de activismo en defensa de la clase trabajadora, a la que propone congelarle el alquiler y mejorar su acceso al transporte público, entre otros temas. El joven legislador se ha distinguido también por su defensa de la causa palestina y sus críticas a Israel, algo que ha sido controversial en la ciudad.

Cuomo, de 67 años, y que intentaba resucitar una dilatada carrera política, tras dimitir como gobernador en 2021 por un escándalo de acoso sexual, contó con el importante respaldo del expresidente Bill Clinton y del exalcalde y magnate Michael Bloomberg, pero parece haber perdido el apoyo de los jóvenes, especialmente.

Además, el intenso calor vivido en Nueva York en la jornada de votación ha podido jugar en contra de Cuomo, al contar con partidarios menos motivados que la masa entusiasta de jóvenes que ha acompañado a Mamdani en las últimas semanas.

De confirmarse el resultado de la primaria demócrata de la ciudad de Nueva York, Mamdani se enfrentará al alcalde en ejercicio Eric Adams, quien se postula como independiente después de pasar por alto las primarias que ganó hace cuatro años, así como al republicano Curtis Sliwa.

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El martes por la tarde, los legisladores realizaron una votación bipartidista para anular el intento de un único legislador progresista de destituir al presidente Trump.

Los legisladores acordaron archivar la medida con una votación de 344 a 79. Este procedimiento permite a los miembros de la Cámara votar en contra de la consideración de un proyecto de ley sin tener que votar sobre el proyecto en sí.

Entre los demócratas, 128 votaron con los republicanos para rechazar la medida de Green, mientras que 79 votaron para someterla a votación.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), se encontraba entre los 128, al igual que la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (demócrata por California).

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El representante Al Green (demócrata por Texas) forzó la votación de una resolución de cinco páginas para el juicio político, en la que acusa a Trump de “ignorar la separación de poderes” y “convertir la democracia estadounidense en autoritarismo al usurpar inconstitucionalmente la facultad del Congreso para declarar la guerra”.

Se centra en el hecho de que Trump no solicitó la autorización del Congreso para los ataques ni presentó pruebas que demostraran que existía una “amenaza inminente” para las fuerzas estadounidenses.

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Tres años después de que el fallo Dobbs anulara el caso Roe contra Wade, los demócratas están dando nuevas señales de alarma sobre el daño que las prohibiciones del aborto han causado a las mujeres de todo el país.

Los demócratas advirtieron el martes que el proyecto de ley de presupuesto propuesto por el presidente Donald Trump erosionaría aún más la atención médica reproductiva al afectar la cobertura de Medicaid y otros recursos esenciales.

En el tercer aniversario desde que se revocó Roe, los republicanos del Senado ahora están tratando de aprobar una prohibición nacional del aborto por la puerta trasera, dentro del proyecto de ley de presupuesto de Trump, al recortar fondos necesarios para el cuidado de salud y la planificación familiar.

Schumer anunció la reintroducción de la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, liderada por la senadora Baldwin (D-WI), para garantizar el acceso total a la atención médica reproductiva en todo el paí, en un comunicado de prensa.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer y otros demócratas del Senado pronunciaron declaraciones en una conferencia de prensa con motivo del tercer aniversario del fallo Dobbs, que coincide con un momento en que los republicanos del Congreso y el presidente Trump continúan sus ataques a las libertades reproductivas en su proyecto de ley de presupuesto federal.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), advirtió que la amenaza no ha terminado. “Estos fanáticos antiabortistas no se detendrán ante nada”, declaró Schumer. “No creen que su trabajo haya terminado, incluso después de una decisión tan horrible y de gran alcance como la de Dobbs”.

“El caso Dobbs pasará a la historia como una de las peores, más dañinas y más regresivas de la historia moderna. Y, lamentablemente, ha tenido un efecto terrible y de gran alcance. Veintiún estados han restringido significativamente el derecho a elegir. Catorce estados tienen prohibiciones prácticamente totales del aborto. En estados como Texas, la mortalidad materna está aumentando y la gente está muriendo. La gente está muriendo como resultado de la decisión de Dobbs”, dijo Schumer.

La representante Ayanna Pressley (demócrata por Massachusetts) argumentó que el plan presupuestario del presidente recortaría Medicaid, eliminaría la cobertura del seguro para la atención del aborto y desfinanciaría a Planned Parenthood.

“Los republicanos no pueden negar que, en realidad, están contribuyendo a que la gente de todo Estados Unidos se enferme más, sea más pobre y más vulnerable”, dijo Pressley.

La senadora Patty Murray, demócrata por Washington, criticó duramente a los republicanos por intensificar las políticas que restringen aún más el acceso al aborto. Destacó la decisión de la administración Trump de revocar las directrices de la era Biden que obligaban a los proveedores de atención médica a brindar servicios de aborto en circunstancias de emergencia, independientemente de las restricciones estatales al aborto.

Los líderes republicanos del Congreso aspiran a que el proyecto de ley de presupuesto llegue al escritorio del presidente Donald Trump el próximo viernes.

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