Durante su visita a Fort Bragg, Carolina del Norte, la semana pasada para celebrar el 250 aniversario del Ejército, el presidente dio a conocer su plan.

“También vamos a restaurar los nombres de Fort Pickett, Fort Hood, Fort Gordon, Fort Rucker, Fort Polk, Fort A.P. Hill y Fort Robert E. Lee”, declaró entonces el mandatario. “Ganamos muchas batallas desde esos fuertes. No es momento de cambiar. Y soy supersticioso, ¿sabe? Me gusta que siga así, ¿verdad?”.

Sin embargo, esas siete instalaciones forman parte de un grupo de nueve que originalmente honraban a líderes militares confederados y cuyos nombres fueron recomendados para su eliminación por una comisión independiente dirigida por el Congreso.

Este año, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó que Fort Moore (nombrado en honor al héroe de Vietnam Hal Moore y su esposa Julia) volviera a llamarse Fort Benning, mientras que Fort Liberty volviera a llamarse Fort Bragg.

“El Caucus Hispano del Congreso, el Caucus Negro del Congreso y el Caucus Asiático y Pacífico Americano del Congreso condenan las órdenes del Presidente Trump y del Secretario Hegseth para revertir los nombres de nueve bases del Ejército a nombres que recuerdan a líderes confederados”, dice un mensaje conjunto de los tres presidentes del Tri-Caucus.

El mensaje es firmado por la representante Grace Meng (Nueva York-06) del Caucus Asiático y Pacífico Americano del Congreso (CAPAC); la representante Yvette Clarke (Nueva York-09) del Caucus Negro del Congreso (CBC), y el representante Adriano Espaillat (Nueva York-13) del Caucus Hispano del Congreso (CHC).

Su postura recuerda el intento de modificar los nombres y el bloqueo del mandatario en 2020, durante su primer periodo de gobierno.

“En 2020, el Presidente Trump vetó el 2021 National Defense Authorization Act porque incluía propuestas que requerían al Departamento de Defensa a cambiar el nombre de instalaciones militares con nombres de oficiales confederados. Esa propuesta se basó en recomendaciones de una comisión bipartidista”, recuerdan los congresistas.

Agregan que en agosto del 2022, la comisión recomendó nuevos nombres para nueve bases del Ejército: Ft. Moore, Ft. Liberty, Ft. Eisenhower, Ft. Walker, Ft. Cavazos, Ft. Gregg-Adams, Ft. Barfoot, Ft. Johnson, y Ft. Novosel.

“Estos nuevos nombres reflejan los valores y virtudes de las comunidades de nuestra nación y de las fuerzas armadas y su misión”, indican los líderes congresistas.

En 2023, el presidente Joe Biden siguió las recomendaciones y cambió los nombres.

“Ahora, la administración Trump está restaurando de manera vengativa el legado Confederado reponiendo los nombres originales con nombres similares”, indicaron los líderes del Congreso. “A través de una argucia, están retomando nombres que honran a secesionistas que buscaron preservar la esclavitud y la supremacía racial blanca. Es una farsa en la cual no vamos a caer”.

Para los líderes del Tri-Caucus del Congreso, las acciones de Trump buscan “borrar” el legado de quienes se honró con su nombre en bases militares en 2023.

“La administración Trump busca borrar la historia de nuestros héroes, pero sus legados van a sobrevivir cualquier intento por borrar sus contribuciones a nuestro país”, dijeron.

Espaillat dijo que el senador Alex Padilla no solo fue impedido solamente de expresar de expresar su opinión, sino que fue asaltado agresivamente y lanzado al suelo porque, simplemente, trataba de expresar su opinión o de hacer una pregunta, y señaló que la censura está poniendo a la democracia en peligro.

Espaillat, hablando en nombre de los miembros del CHC, dijo que ellos piden una investigación rápida y completa del asalto al senador Alex Padilla y llamó a investigar, detener y procesar a los agentes que asaltaron al senador Padilla.

Y reiteró que el Caucus Hispano del Congreso apoya completamente al senador Padilla.

Espaillat también publicó una declaración sobre el incidente en redes sociales, en la que señaló: “Si eso es lo que le hacen a un senador estadounidense con una pregunta, imagínense lo que pueden hacerle a cualquier estadounidense que se atreva a hablar. Exigiremos cuentas a esta administración”.

Espaillat estuvo al frente de una marcha de miembros del Caucus Hispano del Congreso y otros legisladores que fueron a pedir respuestas a los líderes republicanos de la Cámara, Mike Johnson, y del Senado, John Thune, sobre la violenta expulsión del senador Alex Padilla.

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“Es lamentable que el presidente haya optado para escalar esta situación más, en vez de realmente mediarla y unir al pueblo americano, yo creo que su reacción ha sido como similar a las otras reacciones de él, como en otros temas, agresiva, imponente”, dijo Espaillat en entrevista vía telefónica.

Espaillat hizo énfasis en que el presidente Trump no tomara en consideración la postura del gobernador de California, Gavin Newsom, y de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

“Es lamentable, porque él [Trump] ni siquiera tomó en cuenta la opinión del gobernador del estado de California o de la alcaldesa de Los Ángeles, que pensaban y piensan todavía que ellos tenían todo bajo control, sino que activó la Guardia Nacional”, agrega Espaillat. “Y eso tiende a crear confrontaciones. Incluso ha amenazado con mandar a los marinos de guerra, como como si fuera una invasión de un país latinoamericano”.

El congresista indicó que se debe permitir la manifestación, pero de una “manera pacífica” y criticó al asesor de Políticas de la Casa Blanca, Stephen Miller, por generalizar en una posición negativa hacia inmigrantes, al calificarlos como “invasores”.

“Es una especie de provocación”, lamentó Espaillat. “Y yo diría que es premeditada, porque antes de que sucediera este conflicto, yo creo que los planes para la reacción estaban claramente establecidos. Y ellos buscaban, me parece a mí, este tipo de desenlace para tratar de proyectar a la comunidad inmigrante como una comunidad violenta […] que está fuera de la ley, algo que todo lo contrario a lo que realmente”.

Espaillat agregó que en acciones similares en Nueva York, donde decenas de personas fueron detenidas y enviadas a Nueva Jersey, él pudo confirmar que la mayoría son indocumentados sin historial criminal.

Protestas pacíficas

Espaillat insistió en que la mayoría de los manifestantes no promueven la violencia.

“Creo que la gran mayoría de las personas que están protestando son gente buena y no se han envuelto en la violencia y la violencia no es característica de la comunidad emigrante y menos aún de los indocumentados”, consideró. “Yo no conozco a ningún indocumentado que sale de su casa por la mañana y dice: ‘Déjame ver cómo me puedan arrestar a mí’. Todo lo contrario, yo creo que salen con cuidado y siempre se mantienen dentro del marco de la ley”.

La obstrucción de ICE

Espaillat dijo que el CHC evalúa nuevas acciones, pero se buscará retar legalmente las acciones de la Administración Trump contra funcionarios electos, incluidos congresistas.

“Queremos retar y ver legalmente […] en torno a lo que nosotros consideramos es un derecho constitucional de oficiales electos y congresistas de supervisar los planteles federales, los edificios federales o centros de detención de ICE. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad, de monitorear y supervisar las condiciones ahí”, expresó.

Lo anterior luego de congresistas en California y Nueva York intentaran visitar instalaciones de ICE en Los Ángeles y la Gran Manzana, a donde les fue negado el acceso.

“En el caso de Nueva York, ayer [domingo], tanto a mí como a la congresista Nydia Velázquez no se nos dio acceso al piso 10, que es legalmente donde se están encarcelando las personas que van a sus citas de la corte de migración”, dijo.

Espaillat se refiere al edificio de la Plaza Federal en el Bajo Manhattan, donde están las oficinas de ICE. Un hecho similar ocurrió en California.

“También sucedió en en California, donde no le dieron acceso a cuatro miembros del Caucus y también a la congresista Maxime Waters. En otros estados, también se le ha negado acceso a los miembros del Congreso”, acusó. “Nosotros tenemos que evaluar y revisar las opciones legales que tenemos”.