El tribunal dictaminó en una resolución de 6 a 3, que la ley federal no les permite a las personas inscritas en el programa Medicaid demandar para hacer valer su derecho a elegir un proveedor médico.

“El Congreso sabe cómo dar a un beneficiario un aviso claro e inequívoco de que, si acepta fondos federales, puede enfrentar demandas privadas que reivindiquen el derecho individual a elegir un proveedor médico. Esa no es la ley que tenemos”, escribió el juez Neil Gorsuch en su fallo.

La controversia surgió cuando Carolina del Sur restringió la participación de Planned Parenthood en Medicaid porque, además de ofrecer servicios de salud, como exámenes de detección de cáncer, anticonceptivos, exámenes físicos y más, advierte que “libera sus otros fondos para brindar más abortos”.

Aunque Henry McMaster, gobernador de Carolina del Sur, había estado presionando para evitar que los fondos de salud pública se destinaran a Planned Parenthood, una residente que se atiende en Planned Parenthood South Atlantic argumentaba que hacerlo violaba sus derechos bajo la Ley de Medicaid.

Por su parte, la organización fundada en 1916 defendía el mismo argumento y por ello fue necesaria la intervención de la Corte Suprema.

“Hoy, finalmente, salimos victoriosos. La legalidad de mi orden ejecutiva, que prohíbe que el dinero de los contribuyentes se utilice para financiar a proveedores de abortos como Planned Parenthood, ha sido confirmada por el tribunal supremo del país”, escribió el mandatario de Carolina del Sur en la plataforma X elogiando el fallo del magistrado Neil Gorsuch.

En contraparte, mediante un comunicado, Paige Johnson, presidenta de Planned Parenthood South Atlantic, calificó el revés que sufrió la organización como un atentado en contra de los derechos ciudadanos.

“Es una grave injusticia que ataca la base misma de la libertad estadounidense y promete hundir a Carolina del Sur en una crisis de atención médica más profunda. En dos ocasiones, los jueces de este tribunal se negaron siquiera a escuchar este caso porque la intención del gobernador McMaster es clara: utilizar el sentimiento antiabortista como arma para privar a las comunidades de bajos ingresos de atención médica básica”, enfatizó.

De esta manera, otros gobernadores de estados republicanos también podrían recortar los fondos para Planned Parenthood de sus programas de Medicaid.

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La corte, por otro lado, también suspendió una orden de un tribunal inferior que exigía a DOGE entregar documentos y registros como parte de una demanda que alegaba que la entidad, al igual que otras agencias gubernamentales, debería estar sujeta a las solicitudes de registros federales.

El fallo, una victoria para la administración Trump, significa que DOGE podrá acceder a los datos de millones de estadounidenses como parte de lo que ha descrito como un esfuerzo para erradicar el fraude y “modernizar los sistemas obsoletos”, pero que, según los críticos, parece ser una expedición de pesca.

La orden concedió una solicitud de emergencia presentada por la administración Trump pidiendo a los jueces que levantaran una orden judicial emitida por una jueza federal en Maryland.

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Y también, con el segundo fallo, que DOGE puede continuar negándose a dar a conocer documentos, registros e información sobre la actividades.

“Concluimos que, en las circunstancias actuales, la SSA puede proceder a otorgar a los miembros del Equipo DOGE de la SSA acceso a los registros de la agencia en cuestión para que puedan realizar su trabajo”, escribió la corte en la orden sin firmar.

Tres juezas liberales, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, discreparon.

La jueza liberal Ketanji Brown Jackson escribió una opinión disidente cuestionando la necesidad de que el tribunal intervenga con carácter de emergencia.

“En esencia, la ‘urgencia’ que subyace a la solicitud de suspensión del gobierno radica en el mero hecho de que no puede molestarse en esperar a que se resuelva el proceso judicial antes de proceder como desea”, dijo la jueza.

La decisión “entregará al personal de DOGE datos altamente sensibles de millones de estadounidenses”, concluyó Brown Jackson.

DOGE, la agencia creada por el multimillonario Elon Musk antes de su enfrentamiento con el presidente Donald Trump, afirma que quiere modernizar los sistemas y detectar el despilfarro y el fraude en la agencia.

Los datos que solicita DOGE incluyen números de la Seguridad Social, historiales médicos e información fiscal y bancaria de los beneficiarios del Seguro Social.

Por qué el caso llega a la Corte Suprema como emergencia

La demanda que impugnó las acciones de DOGE fue interpuesta por dos sindicatos: la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Condales y Municipales y la Federación Estadounidense de Maestros; así como por la Alianza para Jubilados Estadounidenses que alegaron que permitir un acceso más amplio a la información personal violaría la Ley de Privacidad y la Ley de Procedimiento Administrativo.

La jueza de distrito estadounidense Ellen Hollander dictaminó que DOGE no necesitaba acceder a los datos específicos en cuestión. El Tribunal de Apelaciones del 4.º Circuito , con sede en Richmond, Virginia, se negó a bloquear la decisión de Hollander, lo que llevó a la administración Trump a presentar una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema.

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