“Aunque el Sr. Musk y DOGE no han logrado sus supuestos objetivos de ahorro, usted podría optar por acabar con este despilfarro gubernamental y, al mismo tiempo, evitar recortes peligrosos a importantes programas federales“, indica parte de la misiva.

Recientemente, la demócrata de Oklahoma presentó un informe con 130 acusaciones sobre el trabajo desempeñado por Elon Musk al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) del cual asegura obtuvo importantes beneficios para sus empresas.

“Mientras se desempeñaba como ‘Empleado Gubernamental Especial’ en la Casa Blanca y dirigía el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Musk ha mantenido amplios conflictos de intereses financieros a través de su propiedad o participación en varias empresas privadas y que cotizan en bolsa: Tesla, SpaceX, X y xAI, The Boring Company y Neuralink.

Musk y las personas que actúan en su nombre han estado involucradas en docenas de acciones cuestionables que plantean preguntas sobre corrupción, ética y conflictos de intereses”, describe parte del documento.

Inicialmente, el compromiso asumido por el magnate sudafricano consistía en recortar $2 billones de dólares del gasto público, pero luego redujo el objetivo a $1 billón, cifra que estuvo lejos de alcanzar, pues la Casa Blanca afirmó que las iniciativas de DOGE sólo ahorraron cerca de $170,000 millones de dólares en gastos.

Lo preocupante de los ajustes sugeridos por Elon Musk a Donald Trump fue la larga cadena de despidos de empleados federales que le generaron al gobierno batallas legales todavía pendientes por resolver en tribunales.

Además, muchos programas de ayuda otorgados por la presidencia incluso en el extranjero continúan supendidos.

“Es hora de eliminar el verdadero despilfarro, el fraude y el abuso en el gasto público, en lugar de destruir los programas que mantienen a los estadounidenses seguros y saludables solo para financiar recortes de impuestos para multimillonarios y grandes corporaciones”, le recordó la senadora Elizabeth Warren al jefe de la nación en su carta, la cual todavía continúa sin respuesta por parte de la Casa Blanca.

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La corte, por otro lado, también suspendió una orden de un tribunal inferior que exigía a DOGE entregar documentos y registros como parte de una demanda que alegaba que la entidad, al igual que otras agencias gubernamentales, debería estar sujeta a las solicitudes de registros federales.

El fallo, una victoria para la administración Trump, significa que DOGE podrá acceder a los datos de millones de estadounidenses como parte de lo que ha descrito como un esfuerzo para erradicar el fraude y “modernizar los sistemas obsoletos”, pero que, según los críticos, parece ser una expedición de pesca.

La orden concedió una solicitud de emergencia presentada por la administración Trump pidiendo a los jueces que levantaran una orden judicial emitida por una jueza federal en Maryland.

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Y también, con el segundo fallo, que DOGE puede continuar negándose a dar a conocer documentos, registros e información sobre la actividades.

“Concluimos que, en las circunstancias actuales, la SSA puede proceder a otorgar a los miembros del Equipo DOGE de la SSA acceso a los registros de la agencia en cuestión para que puedan realizar su trabajo”, escribió la corte en la orden sin firmar.

Tres juezas liberales, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, discreparon.

La jueza liberal Ketanji Brown Jackson escribió una opinión disidente cuestionando la necesidad de que el tribunal intervenga con carácter de emergencia.

“En esencia, la ‘urgencia’ que subyace a la solicitud de suspensión del gobierno radica en el mero hecho de que no puede molestarse en esperar a que se resuelva el proceso judicial antes de proceder como desea”, dijo la jueza.

La decisión “entregará al personal de DOGE datos altamente sensibles de millones de estadounidenses”, concluyó Brown Jackson.

DOGE, la agencia creada por el multimillonario Elon Musk antes de su enfrentamiento con el presidente Donald Trump, afirma que quiere modernizar los sistemas y detectar el despilfarro y el fraude en la agencia.

Los datos que solicita DOGE incluyen números de la Seguridad Social, historiales médicos e información fiscal y bancaria de los beneficiarios del Seguro Social.

Por qué el caso llega a la Corte Suprema como emergencia

La demanda que impugnó las acciones de DOGE fue interpuesta por dos sindicatos: la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Condales y Municipales y la Federación Estadounidense de Maestros; así como por la Alianza para Jubilados Estadounidenses que alegaron que permitir un acceso más amplio a la información personal violaría la Ley de Privacidad y la Ley de Procedimiento Administrativo.

La jueza de distrito estadounidense Ellen Hollander dictaminó que DOGE no necesitaba acceder a los datos específicos en cuestión. El Tribunal de Apelaciones del 4.º Circuito , con sede en Richmond, Virginia, se negó a bloquear la decisión de Hollander, lo que llevó a la administración Trump a presentar una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema.

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El paquete de $9,400 millones de dólares, conocido como “rescisiones” en el Congreso, recuperaría los fondos gubernamentales previamente asignados, según CNN.

La decisión de cancelar la financiación a través del Congreso protegería a la administración de impugnaciones legales relacionadas con sus recortes a la financiación federal.

Como se preveía, los recortes afectan a la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB), una pequeña parte del presupuesto federal que proporciona financiación pública a NPR y PBS, así como a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

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Se trata de una medida largamente esperada que muchos activistas conservadores han estado reclamando, incluso mientras los republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado impulsan por separado la ley de presupuesto de Trump, repleta de recortes de impuestos, recortes a servicios fundamentales y prioridades de gasto.

El paquete solo necesita una mayoría simple para aprobarse en cada cámara, lo que permite a los republicanos eludir la amenaza de una obstrucción demócrata en el Senado. El Congreso tiene 45 días para aprobar la solicitud de rescisión después de su presentación, pero debe compaginar ese plazo con otras prioridades principales, como la “gran y hermosa ley”.

La Cámara de Representantes tiene previsto votar sobre el paquete la próxima semana.

“Hoy hemos recibido oficialmente la solicitud de rescisión de la Casa Blanca para eliminar 9.400 millones de dólares en gastos innecesarios de ayuda exterior en el Departamento de Estado, USAID y la Corporación para la Radiodifusión Pública, que financia NPR y PBS”, declaró el presidente de la Cámara, Mike Johnson (republicano por Luisiana). “La Cámara actuará con rapidez sobre esta solicitud”.

El comunicado del presidente Trump, en el que solicita oficialmente la rescisión de los fondos, se leyó en la Cámara de Representantes el martes por la tarde.

“Por la presente, informo de 22 rescisiones de la autoridad presupuestaria por un total de $9,400 millones de dólares. Las rescisiones propuestas afectan a programas del Departamento de Estado, así como a la Corporación para la Radiodifusión Pública, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Instituto de los Estados Unidos para la Paz y otros programas de asistencia internacional”, decía el mensaje de Trump.

El paquete rescindiría $8,300 millones de dólares en ayuda exterior, provenientes principalmente de fondos aprobados para la USAID, que fue desmantelada en gran medida como parte de las iniciativas de DOGE a principios de este año.

Un portavoz de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) señaló que millones de dólares en esas cuentas financiaban programas globales LGBTQ y otros programas de equidad de género, así como iniciativas globales sobre cambio climático y energía verde.

El paquete prevé recortes por más de $2,000 millones de dólares dirigidos a lo que describió como “asistencia innecesaria para el desarrollo”, la eliminación de fondos para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros programas.

Si el Congreso aprobara la propuesta, se recuperarían más de $1,600 millones de dólares del Fondo de Apoyo Económico (FSE), junto con $800 millones de dólares para la cuenta de Asistencia para Migración y Refugiados (ARM) del Departamento de Estado, que, según funcionarios, financia el Programa de Admisión de Refugiados de EE.UU. y la asistencia humanitaria en el extranjero.

También solicita $400 millones de dólares para programas de salud globales implementados por USAID que financian actividades relacionadas con el control del VIH/SIDA.

“Esta propuesta eliminaría únicamente aquellos programas que no brindan tratamientos vitales ni apoyan los intereses estadounidenses”, afirma la solicitud. “Esta propuesta de rescisión se alinea con los esfuerzos de la Administración por eliminar los programas de asistencia exterior que resultan innecesarios”.

Esto incluye recortar las asignaciones anticipadas aprobadas por el Congreso para CPB, rescindiendo $535 millones de dólares en los años fiscales 2026 y 2027 cada uno.

“Estos fondos se utilizarían para subsidiar un sistema de medios públicos con sesgo político y un gasto innecesario para el contribuyente. La promulgación de la rescisión eliminaría la financiación federal para CPB”, afirma la solicitud.

Tanto NPR como PBS han demandado por las órdenes de Trump que afectan su financiación.

Los recortes representarían solo una fracción de los $175 mil millones de dólares en “ahorros” que, según el sitio web de DOGE, ha acumulado mediante una combinación de esfuerzos, que incluyen reducciones de personal, subvenciones y cancelaciones de contratos, así como ahorros regulatorios y ventas de activos.

Sin embargo, los principales demócratas de los comités de Asignaciones de la Cámara de Representantes y el Senado acusaron a la administración Trump de congelar ilegalmente $425 mil millones de dólares en fondos federales a partir del martes, tras haber emprendido una operación radical para reducir el tamaño del gobierno federal.

La Ley de Control de Embargos (Imoundment Control Act) ofrece al presidente una vía legal para cancelar los fondos aprobados por el Congreso. La ley de 1974 permite al presidente retener temporalmente los fondos después de que la administración envíe su solicitud al Congreso. Sin embargo, si el Congreso no aprueba las rescisiones propuestas por Trump, la administración debe liberar los fondos.

Trump ha sido el único presidente que ha enviado este mensaje especial al Congreso en las últimas dos décadas. También intentó retirar fondos durante su primer mandato utilizando el mismo proceso, pero no tuvo éxito, a pesar de que los republicanos controlaban la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca en ese momento.

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