La orden del juez principal del Tribunal de Distrito de EE.UU. de Maryland, emitida el mes pasado, inició una suspensión automática de dos días para las impugnaciones de habeas corpus, en parte para preservar el estado de la situación legal y para garantizar que los solicitantes puedan participar en los procedimientos y acceder a asistencia legal.

La administración Trump tomó una medida aún más inusual el martes por la noche, para anular la inusual decisión del juez Russell: presentó una demanda contra él y los otros 14 jueces federales que ejercen en Maryland, buscando una orden judicial que bloquee la regla de permanencia.

Que el DOJ demande a todo un tribunal es extremadamente inusual; algunos expertos legales afirman no haber visto una demanda similar.

Esta medida marca la última escalada de la administración Trump en su intento de socavar los tribunales federales y erosionar las protecciones del debido proceso.

Qué dice la demanda

El DOJ alega en la demanda de 22 páginas que los tribunales de todo el país han emitido una avalancha de órdenes judiciales contra varias partes de la agenda del presidente Trump casi desde el momento en que regresó al cargo.

Los abogados de la Administración intentaron fundamentar su demanda contra el juez Russell y sus colegas en ese contexto, argumentando que la nueva norma de legitimación vulneraba las facultades inherentes de la Casa Blanca para “hacer cumplir las leyes de inmigración del país”.

“Esta demanda constituye otro ejemplo lamentable del uso ilegal de las facultades equitativas para restringir al ejecutivo”, escribieron los abogados.

“En concreto, los demandados han instituido una orden judicial declaradamente automática contra el gobierno federal, emitida al margen de cualquier caso o controversia en particular”.

La denuncia alega que el juez principal George L. Russell III del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Maryland emitió una orden “ilegal y antidemocrática” en mayo que otorga una suspensión de dos días de la deportación a cualquier detenido bajo custodia de inmigración que presente una petición de hábeas corpus, que es una demanda que alega detención injusta.

Cuáles son los casos más conocidos amparados por la regla de la corte de Maryland

El caso más conocido es posiblemente el de Kilmar Armando Ábrego García, un salvadoreño que fue arrestado el 12 de marzo por agentes de inmigración en Maryland. Ábrego García llevaba casi seis años viviendo en el estado al amparo de una orden que prohibía expresamente que fuera devuelto a su país de origen, donde podría correr peligro.

Tres días después de su detención, Ábrego García fue trasladado en avión a El Salvador —el único lugar al que la orden prohibía ser enviado— en lo que las autoridades posteriormente calificaron de “error administrativo”.

Tras eludir repetidamente tres órdenes judiciales, incluida una de la Corte Suprema, para “facilitar” la liberación de Ábrego García, el Departamento de Justicia lo trajo de vuelta a territorio estadounidense este mes, aunque para enfrentar cargos federales que lo acusan de participar en una conspiración para el tráfico de inmigrantes indocumentados a través de Estados Unidos como miembro de la MS-13.

Todos los jueces del Tribunal de Distrito de Maryland fueron nombrados como demandados, ya que todos deben aprobar la decisión antes de que se emitan las órdenes judiciales permanentes.

Entre los demandados se encuentra la jueza Paula Xinis, quien preside la demanda de Kilmar Abrego García, quien impugna su expulsión injustificada de Estados Unidos y su encarcelamiento en El Salvador a principios de este año.

Los jueces de Maryland también han dictado sentencia sobre otros casos importantes este año, poniendo en suspenso iniciativas clave de Trump y encontrando varias violaciones de la ley en la avalancha de órdenes ejecutivas y medidas de la administración en materia de inmigración, despido de trabajadores federales, suspensión de la atención médica para jóvenes transgénero y otros temas.

Expertos legales consultados por varios medios dijeron que la demanda del Departamento de Justicia plantea inquietudes sobre las protecciones que tienen los jueces frente a demandas por sus actos oficiales, como emitir órdenes en los casos.

Con información de The Washington Post, The New York Times y Democracy Docket

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Un panel de jueces del Segundo Circuito de Apelaciones de EE.UU. denegó el miércoles la solicitud de Trump de que los abogados del Departamento de Justicia presentaran argumentos en su apelación del caso de difamación de E. Jean Carroll contra Trump.

“El Tribunal emitirá una opinión detallando su razonamiento a su debido tiempo”, se lee en la orden de una página del Segundo Circuito que rechaza la iniciativa sin más explicaciones.

El año pasado, un jurado de Nueva York ordenó a Trump pagar $83.3 millones de dólares a la excolumnista de la revista Elle por daños y perjuicios por difamarla en 2019, al negar su acusación de haberla agredido sexualmente en el probador de los grandes almacenes Bergdorf Goodman a mediados de la década de 1990. Trump ha negado todas las acusaciones.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que, dado que algunas de las presuntas conductas de Trump se enmarcaban en su función como presidente, el Departamento de Justicia debería poder defenderlo ante los tribunales.

Los alegatos orales de la apelación de Trump están programados para el 24 de junio.

Es el último revés para el presidente en sus esfuerzos por luchar contra las dos demandas de Carroll en el Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos.

La semana pasada, el Segundo Circuito denegó la solicitud de Trump de reconsiderar su impugnación de una sentencia civil de $5 millones de dólares que otro jurado otorgó a Carroll en 2023.

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El hombre, identificado como Thomas Eugene Streavel, de 73 años y residente del condado de San Bernardino, fue imputado la semana pasada por tres cargos de amenazas contra un presidente electo, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa el martes.

La acusación formal enumera una serie de mensajes de Facebook que Streavel supuestamente escribió furioso contra Trump, tanto antes como después de las elecciones, algunos de los cuales expresaban su deseo de que lo asesinaran.

Los cargos se centran en tres mensajes presuntamente escritos en noviembre, según el Departamento de Justicia.

Streavel fue arrestado el lunes y se declaró no culpable en su comparecencia el martes. Se ordenó su liberación bajo una fianza de $10,000 dólares, dijo el Departamento de Justicia en su comunicado.

El Servicio Secreto está investigando el asunto. No se conoce si Streavel ha designado abogados.

“Este acusado está acusado de amenazar la vida de nuestro presidente, un hombre que ya ha sobrevivido a dos atentados desquiciados contra su vida”, declaró la fiscal general Pam Bondi en un comunicado.

Trump enfrentó dos intentos de asesinato durante las elecciones del año pasado. Un tirador lo golpeó en la oreja durante un mitin en Butler, Pensilvania, en julio, y un hombre fue acusado de intentar asesinar al entonces candidato presidencial en su club de golf de Florida en septiembre.

De ser declarado culpable, la pena máxima por amenazar al presidente o al presidente electo es de cinco años, aunque las decisiones sobre la sentencia las toman los jueces, y no es inusual que los acusados ​​de delitos federales reciban una pena inferior a la máxima.

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