La afroamericana de 38 años enfrenta dos cargos de supuesta agresión derivados de una visita que realizó el 9 de mayo al Delaney Hall de Newark, recinto privado que el ICE utiliza como centro de detención temporal para extranjeros carentes de estatus legal.

El Departamento de Seguridad Nacional publicó un video de casi dos minutos de duración donde se observa a LaMonica McIver ubicada detrás de una valla metálica justo antes del arresto del alcalde mientras otras personas protestaban.

Segundos después, la demócrata se une a un grupo de personas que protestan, pero en cuestión de instantes su codo izquierdo y luego el derecho empujan a un agente que vestía una mascarilla oscura y un uniforme verde oliva con la palabra “Policía”.

Lo controversial del asunto es que el video de la cámara corporal de la policía no determina si el contacto físico fue accidental, intencional o debido a que la mujer fue empujada por otras personas.

Sin embargo, a través de una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la fiscal Alina Habba anunció la acusación formal en contra de McIver ante el gran jurado.

“Si bien las personas tienen la libertad de expresar sus opiniones a favor o en contra de determinadas políticas, no deben hacerlo de una manera que ponga en peligro a las fuerzas del orden y a las comunidades a las que sirven esos oficiales”, expuso.

La exabogada de Donald Trump además anticipó que, dos de los cargos en contra de la representante por Nueva Jersey conllevan una pena máxima de hasta ocho años de prisión; en tanto que un tercero le implicaría otros 12 meses de privación de libertad.

Mediante una declaración, Fatima Goss Graves, presidenta y directora ejecutiva del National Women’s Law Center, advirtió que las imputaciones en contra de LaMonica McIver son un ejemplo de cómo el gobierno pretende sancionar a quienes rechazan sus políticas.

“Las acusaciones contra la congresista LaMonica McIver no sólo carecen de fundamento, sino que son un ataque a la separación de poderes de nuestra Constitución.

Como miembro del Congreso elegido democráticamente, la diputada McIver tenía tanto el derecho legal como la responsabilidad de entrar en esa instalación de inmigración como parte de sus funciones de supervisión.

Esta acusación no es más que un flagrante acto de represalia política, una medida autoritaria destinada a impedir la rendición de cuentas y silenciar la disidencia. Y llega justo después de que Donald Trump amenazara con arrestar al gobernador de California, Gavin Newsom, por hacer su trabajo y oponerse al despliegue del ejército estadounidense contra los californianos.

Este es otro ejemplo de Trump armando el sistema judicial para castigar a sus críticos y protegerse de la rendición de cuentas”, señala el documento.

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Después de que el ICE llevó a cabo un operativo de detención masiva de extranjeros carentes de estatus legal en una de las ciudades con mayor concentración de hispanos, varios grupos de inconformes salieron a las calles de Los Ángeles para protestar, en tanto que las fuerzas del orden se excedieron al intentar controlarlos, lo cual detonó varios enfrentamientos entre ambos grupos.

Con el objetivo de evitar que la situación empeorara, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de 4,000 integrantes de la Guardia Nacional y el Pentágono envió a cerca de 700 marines para proteger edificios y funcionarios federales.

Aunque dicha medida fue repudiada por los demócratas, Ron DeSantis consideró “absolutamente inaceptable” que se hayan quemado de banderas estadounidenses durante las manifestaciones en contra de los operativos del ICE, lo cual considera como un acto de traición.

“Es una traición que personas vivan en Estados Unidos, disfruten de sus libertades, y aun así desprecien nuestra bandera”, expuso en una rueda de prensa celebrada en Tallahassee, Florida.

El republicano de 46 años responsabilizó de lo ocurrido al desinterés mostrado por los funcionarios locales para abatir al fenómeno migratorio.

“Lo que está ocurriendo en Los Ángeles es resultado directo de un liderazgo que ha renunciado a su deber. Las ciudades santuario son zonas sin ley donde la gente puede venir ilegalmente, cometer actos criminales y caminar libremente por las calles mientras las autoridades miran hacia otro lado.

Esto no es protesta, esto es vandalismo y anarquía. Quemar nuestra bandera y gritar consignas como ‘Al diablo con ICE’ no es libertad de expresión, es una agresión deliberada a los valores que sustentan nuestra nación. Cuando un estado permite que se queme la bandera nacional y no toma medidas, entonces corresponde al gobierno federal restaurar el orden. La decisión de enviar tropas fue necesaria”, enfatizó.

Finalmente, DeSantis puso como ejemplo a Florida de lo que se debería hacer para terminar con el fenómeno migratorio.

“En Florida, el que comete un delito y está ilegal, se va. Aquí no vamos a permitir que delincuentes se escondan detrás de vacíos legales o políticas ideológicas”, advirtió.

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Desde el fin de semana, en la capital del “Estado Dorado” se han llevado a cabo manifestaciones en repudio a la detención masiva de inmigrantes efectuada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en colaboración con otras agencias.

Lo controversial del tema es que la situación se salió de control cuando las autoridades policiacas trataron de impedir las muestras de apoyo hacia los extranjeros carentes de estatus legal detenidos con el propósito de deportarlos a sus países de origen lo más pronto posible.

Imágenes que le han dado la vuelta al mundo, muestran enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden, así como algunos vehículos policiacos incendiados.

En respuesta, el presidente Trump giró instrucciones para desplazar a un amplio destacamento de integrantes de la Guardia Nacional hacia una de las ciudades con mayor presencia hispana.

Dicha medida no contó con el respaldo del gobernador demócrata Gavin Newsom quien además de considerar errónea la decisión, arremetió en contra del jefe de la nación a través de una entrevista concedida al sitio web Politico.

“Está desquiciado y actuando con imprudencia. Ante la amenaza de la llegada de los Marines a Estados Unidos, este es un momento muy serio y sensato. Nos mantendremos firmes”, señaló.

Tanto el mandatario estatal como Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, consideran que la posición asumida por Donald Trump es para tratar de distraer la atención sobre sus políticas erróneas implementadas en las últimas semanas que han afectado al bolsillo de la ciudadanía.

“Es un momento extraordinario, y no quiero exagerar, pero estas son las palabras de un autoritario. Ya sea que actúe al respecto o no, el escalofrío que genera es real, y es un momento serio, muy serio”, expuso Gavin Newsom a quien el propio presidente dijo estar dispuesto a arrestar si continúa tratando de impedir la detención de inmigrantes considerados como una amenaza para la seguridad del país.

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