El gobernador de California, Andrew Newsom, demandó a la Administración Trump al considerar que excedía su poder para retirarle al estado el control de la Guardia Nacional, pero los jueces consideraron que los argumentos estatales no fueron suficientes, mientras que el Departamento de Justicia, que representó al Gobierno federal, convenció con sus argumentos.

“Bajo un criterio de revisión altamente deferente, los Demandados han presentado hechos que nos permiten concluir que el Presidente tenía una base plausible [para controlar la Guardia Nacional]”, dice la decisión.

Los jueces agregan que la Administración Trump presentó argumentos plausibles sobre cómo las manifestaciones podrían afectar inmuebles federales, por lo cual se autorizó su protección a través de los militares.

“[La Administración Trump presentó] evidencia, detallada anteriormente, de la interferencia de los manifestantes con la capacidad de los agentes federales para ejecutar las leyes, lo que condujo a la federalización de la Guardia Nacional por parte del Presidente el 7 de junio”, indica la opinión de 38 páginas. “Existe evidencia de que el día anterior, los manifestantes lanzaron objetos a vehículos del ICE que intentaban completar un operativo policial, inmovilizaron a varios agentes del FPS que defendían propiedad federal lanzando trozos de concreto, botellas de líquido y otros objetos, y utilizaron grandes contenedores de basura comerciales rodantes como ariete en un intento de forzar la entrada al estacionamiento de un edificio federal”.

Los jueces incluso citaron que los demandantes reconocieron que algunos manifestantes lanzaron objetos, incluyendo cócteles molotov, y vandalizaron la propiedad federal.

Un elemento en la decisión es que el Tribunal de Apelaciones deja abierta la puerta a cortes de Distrito sobre otros asuntos relacionados con la “federalización” de la Guardia Nacional, como el hecho de que se viole la Ley Posse Comitatus, la cual limita a fuerzas federales ejercer acciones de control estatal, como las atribuidas a las policías.

“El tribunal de distrito consideró que la reclamación era prematura y los demandantes no la han renovado ante nosotros. No expresamos ninguna opinión al respecto”, indican los jueces.

Críticas a la decisión

Elizabeth Goitein, directora sénior de Liberty & National Security en el Brennan Center for Justice, cuestionó la decisión de los jueces sobre cómo Trump federalizó a la Guardia Nacional conforme a la ley 10 USC § 12406, bajo argumentos sobre “invasión o amenaza de invasión, una rebelión o amenaza de rebelión” o si el mandatario es “incapaz de ejecutar leyes”.

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“El panel rechazó no solo la opinión del juez de Distrito de que el criterio de ser ‘incapaz de ejecutar las leyes’ se cumple solamente si al presidente se le impide ejecutar las leyes por completo, sino que también rechazó la opinión de la administración de que cualquier impedimento a la ejecución de las leyes activa las facultades otorgadas por esta legislación”, dice la experta. “Sin especificar cuál debería ser la prueba que lo determine, el panel de jueces recitó los actos de violencia descritos en las declaraciones de la administración”.

La Guardia Nacional fue desplegada en Los Ángeles, debido a protestas por operaciones de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), particularmente en cortes migratorias.

Para Goitein, los argumentos de los demandados no demuestran que ICE no pudiera ejecutar las leyes.

“Las declaraciones no brindan ni un solo ejemplo de un caso en el que un intento de redada de ICE hubiera sido desbaratado o una redada planeada hubiera sido cancelada”, indica. “Si bien el escrito presentado por la administración afirma que ICE habría podido llevar a cabo más redadas sin violencia, no cita ninguna declaración que respalde esa afirmación, porque las declaraciones no la respaldan”.

Erwin Chemerinsky, decano y profesor de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, escribió en The Sacrament Bee, que la decisión de los jueces de apelaciones abre la puerta para un nuevo tipo de “militarización doméstica”.

“[La decisión] otorga una enorme deferencia al presidente: puede federalizar la Guardia Nacional de un estado siempre que existan pruebas que justifiquen la acción y que hacerlo no sea absurdo ni de mala fe”, se indica.

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Después de que algunas protestas contra las redadas federales de inmigración se volvieran caóticas, Trump ignoró la voluntad del gobernador de California, Gavin Newsom, y activó la Guardia Nacional estatal.

Esta medida, según declararon exlíderes militares a la BBC, fue una escalada de las promesas previas de Trump de usar soldados para sofocar las protestas y sentó un nuevo precedente.

Sumada a la afición de Trump por la imagen militar —tiene planeado un desfile militar en Washington D.C. el sábado para conmemorar el 250º aniversario de la fundación del ejército de EE.UU.—, la intervención del presidente en Los Ángeles ha suscitado temores de que esté “politizando a las fuerzas armadas”, declaró el mayor general retirado del ejército de Estados Unidos Randy Manner.

“Intensificó la situación inmediatamente por razones puramente políticas. No son razones justificables”, dijo el general Manner, quien se desempeñó como subjefe interino de la Oficina de la Guardia Nacional.

Sin embargo, el gobierno de Trump sostiene que tomó el control de la Guardia Nacional de California para restablecer el orden y proteger a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras realizaban redadas de inmigrantes indocumentados en Los Ángeles.

El ICE “tiene derecho a realizar operaciones de forma segura en cualquier estado y jurisdicción del país”, declaró el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una audiencia en el Congreso el martes.

Trump también publicó en redes sociales que Newsom “no pudo brindar protección oportuna” a los agentes del ICE.

“Si nuestros soldados no hubieran entrado en Los Ángeles, estaría en llamas ahora mismo”, escribió el presidente en TruthSocial el miércoles.

Pero Newsom, demócrata y crítico abierto de Trump, sostuvo que el estado podía por sí solo controlar a los manifestantes. Calificó la intervención de Trump como un “abuso descarado de poder” que exacerbó una “situación explosiva”.

El jueves, un juez federal declaró ilegal el despliegue de Trump y le ordenó devolver el control de la Guardia a Newsom. Esa orden está suspendida por una apelación del gobierno.

Las protestas han continuado durante casi una semana y la policía de Los Ángeles ha realizado cientos de arrestos, principalmente por rehusar a dispersarse, pero también por violar el toque de queda en el centro de Los Ángeles, posesión de armas de fuego y agresión a un agente de policía.

La decisión de Trump de quitar el control de la Guardia Nacional a Newsom va más allá de sus posturas duras del pasado contra las protestas, especialmente en estados liderados por demócratas.

Tras la muerte de George Floyd en 2020, que desencadenó manifestaciones a nivel nacional a favor de la reforma policial y la justicia racial, Trump pidió una respuesta militarizada.

Trump criticó la muerte de Floyd, ocurrida bajo custodia policial en Minneapolis, Minnesota.

Pero a medida que estallaban las protestas y algunas derivaban en saqueos, Trump pidió a los gobernadores demócratas que fueran “mucho más duros”, y advirtió: “el Gobierno Federal intervendrá y hará lo que sea necesario, lo que incluye utilizar el poder ilimitado de nuestras Fuerzas Armadas y realizar numerosos arrestos”.

Cuando los manifestantes marcharon entonces en Washington D.C., Trump tuiteó que, si hubieran irrumpido en la Casa Blanca, “habrían sido recibidos con los perros más feroces y las armas más siniestras que jamás hayan visto”.

Durante las protestas en Washington D.C., helicópteros de la Guardia Nacional sobrevolaron a baja altura para dispersar a la multitud.

Una investigación posterior del ejército estadounidense concluyó que el incidente fue un uso indebido de aeronaves médicas militares, según informó el diario The Washington Post.

“Lo que estamos viendo en Los Ángeles es una tormenta perfecta”, declaró John Acevedo, decano asociado de la Facultad de Derecho de Emory, quien estudia la libertad de expresión y las protestas en Estados Unidos.

“Hay manifestantes, son violentos. Una situación ideal para el presidente Trump, que puede hacer uso de su objetivo de utilizar tropas contra los manifestantes”.

El presidente tiene la facultad de federalizar a los soldados de la Guardia Nacional, y lo puede hacer cuando sean necesarias en el extranjero o cuando los estados soliciten asistencia adicional.

Sin embargo, en circunstancias normales a nivel nacional, la solicitud de asistencia comienza a nivel local.

El gobernador puede entonces activar la Guardia del estado o solicitar asistencia federal al presidente.

Los presidentes estadounidenses no han tomado el control de la Guardia Nacional de un estado contra la voluntad de un gobernador desde la época de la lucha por los derechos civiles.

En aquella época, el presidente Dwight Eisenhower intervino para facilitar la integración racial en una escuela en Arkansas y el presidente Lyndon B. Johnson posteriormente solicitó a los soldados de Alabama que protegieran a los manifestantes.

“A lo largo de las décadas, hemos desarrollado estatutos, reglamentos y protocolos que rigen nuestra gestión de los disturbios civiles por razones muy sólidas”, declaró el mayor general retirado William Enyart, excongresista que también dirigió la Guardia Nacional de Illinois de 2007 a 2011.

Trump optó por “ignorar toda esa experiencia adquirida con tanto esfuerzo”, añadió el general Enyart.

Considera las acciones del presidente en Los Ángeles como “teatro político” y hace referencia a un pequeño número de manifestantes que quemaron coches autónomos de Waymo durante el fin de semana.

“Trump es el maestro de los reality shows. Piensa que estos son un modelo excelente de televisión. ¿Qué es más emocionante que ver un par de autos autónomos ardiendo en la calle?”, pregunta el general Enyart.

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