El gobernador de California, Andrew Newsom, demandó a la Administración Trump al considerar que excedía su poder para retirarle al estado el control de la Guardia Nacional, pero los jueces consideraron que los argumentos estatales no fueron suficientes, mientras que el Departamento de Justicia, que representó al Gobierno federal, convenció con sus argumentos.

“Bajo un criterio de revisión altamente deferente, los Demandados han presentado hechos que nos permiten concluir que el Presidente tenía una base plausible [para controlar la Guardia Nacional]”, dice la decisión.

Los jueces agregan que la Administración Trump presentó argumentos plausibles sobre cómo las manifestaciones podrían afectar inmuebles federales, por lo cual se autorizó su protección a través de los militares.

“[La Administración Trump presentó] evidencia, detallada anteriormente, de la interferencia de los manifestantes con la capacidad de los agentes federales para ejecutar las leyes, lo que condujo a la federalización de la Guardia Nacional por parte del Presidente el 7 de junio”, indica la opinión de 38 páginas. “Existe evidencia de que el día anterior, los manifestantes lanzaron objetos a vehículos del ICE que intentaban completar un operativo policial, inmovilizaron a varios agentes del FPS que defendían propiedad federal lanzando trozos de concreto, botellas de líquido y otros objetos, y utilizaron grandes contenedores de basura comerciales rodantes como ariete en un intento de forzar la entrada al estacionamiento de un edificio federal”.

Los jueces incluso citaron que los demandantes reconocieron que algunos manifestantes lanzaron objetos, incluyendo cócteles molotov, y vandalizaron la propiedad federal.

Un elemento en la decisión es que el Tribunal de Apelaciones deja abierta la puerta a cortes de Distrito sobre otros asuntos relacionados con la “federalización” de la Guardia Nacional, como el hecho de que se viole la Ley Posse Comitatus, la cual limita a fuerzas federales ejercer acciones de control estatal, como las atribuidas a las policías.

“El tribunal de distrito consideró que la reclamación era prematura y los demandantes no la han renovado ante nosotros. No expresamos ninguna opinión al respecto”, indican los jueces.

Críticas a la decisión

Elizabeth Goitein, directora sénior de Liberty & National Security en el Brennan Center for Justice, cuestionó la decisión de los jueces sobre cómo Trump federalizó a la Guardia Nacional conforme a la ley 10 USC § 12406, bajo argumentos sobre “invasión o amenaza de invasión, una rebelión o amenaza de rebelión” o si el mandatario es “incapaz de ejecutar leyes”.

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“El panel rechazó no solo la opinión del juez de Distrito de que el criterio de ser ‘incapaz de ejecutar las leyes’ se cumple solamente si al presidente se le impide ejecutar las leyes por completo, sino que también rechazó la opinión de la administración de que cualquier impedimento a la ejecución de las leyes activa las facultades otorgadas por esta legislación”, dice la experta. “Sin especificar cuál debería ser la prueba que lo determine, el panel de jueces recitó los actos de violencia descritos en las declaraciones de la administración”.

La Guardia Nacional fue desplegada en Los Ángeles, debido a protestas por operaciones de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), particularmente en cortes migratorias.

Para Goitein, los argumentos de los demandados no demuestran que ICE no pudiera ejecutar las leyes.

“Las declaraciones no brindan ni un solo ejemplo de un caso en el que un intento de redada de ICE hubiera sido desbaratado o una redada planeada hubiera sido cancelada”, indica. “Si bien el escrito presentado por la administración afirma que ICE habría podido llevar a cabo más redadas sin violencia, no cita ninguna declaración que respalde esa afirmación, porque las declaraciones no la respaldan”.

Erwin Chemerinsky, decano y profesor de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, escribió en The Sacrament Bee, que la decisión de los jueces de apelaciones abre la puerta para un nuevo tipo de “militarización doméstica”.

“[La decisión] otorga una enorme deferencia al presidente: puede federalizar la Guardia Nacional de un estado siempre que existan pruebas que justifiquen la acción y que hacerlo no sea absurdo ni de mala fe”, se indica.

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Vance justificó este viernes el despliegue de soldados en Los Ángeles y acusó a la alcaldesa Karen Bass, al gobernador de California, Gavin Newsom y al senador Alex Padilla, al que llamó “José Padilla”, de no apoyar la labor de los agentes migratorios durante las protestas en Los Ángeles.

“Lo que veo hoy aquí es una gran tragedia: cuando una alcaldesa y un gobernador incitan a sus ciudadanos a acosar y poner en peligro la vida de nuestros policías y agentes del orden. Es desgarrador verlo”, dijo Vance en una conferencia de prensa.

El vicepresidente republicano culpó a los funcionarios electos por las protestas contra las redadas migratorias, que este viernes cumplen 15 días, y en donde incluso ciudadanos estadounidenses han sido detenidos por ICE.

No obstante, Vance calificó de “buena noticia” que los disturbios “han mejorado mucho”, pero advirtió que los soldados de la Guardia Nacional de California y los infantes de marina asignados a cuidar los edificios federales les preocupa que “la situación vuelva a estallar”.

Newsom y Bass han defendido que las protestas violentas en la ciudad se han limitado a la zona del centro de Los Ángeles, que rodea el centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El lunes pasado, Bass levantó un toque de queda en el centro de la ciudad tras una disminución en los arrestos y los incidentes. Aún así, el gobierno de Donald Trump prometió mantener el despliegue militar en la ciudad, que se limita a cuidar las propiedades federales.

Vance aumentó la carga contra los demócratas en la conferencia de prensa, al equivocar el nombre del senador por California Alex Padilla. “Esperaba que José Padilla estuviera aquí para hacer una pregunta. Pero, desafortunadamente, supongo que decidió no presentarse porque no había teatro”, dijo Vance.

En 2007, un jurado condenó al ciudadano estadounidense José Padilla por cargos de apoyo a Al Qaeda después de que inicialmente se le acusara de planear un ataque con una “bomba sucia” en Estados Unidos. Fue condenado a más de 17 años de prisión; la pena fue aumentada posteriormente a 21 años.

Los comentarios de Vance, pese al nombre equivocado, se referían al incidente ocurrido la semana pasada en el que agentes federales empujaron y esposaron al senador Alex Padilla después de que interrumpió una conferencia de prensa de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Padilla, el primer latino elegido al Senado por California y de raíces mexicanas, dijo entonces que buscó respuestas de la secretaria tras días de pedirlas por las redadas.

Newsom reaccionó al comentario del vicepresidente y afirmó en un mensaje de X que fue intencional. “JD Vance sirvió con Alex Padilla en el Senado de los Estados Unidos. Llamarlo ‘José Padilla’ no es casualidad”, escribió el gobernador en un mensaje de X.

Una portavoz de Padilla respondió que Vance, como excolega de Padilla en el Senado de EE.UU., “lo sabe”. “Debería centrarse más en desmilitarizar nuestra ciudad que en lanzar golpes bajos”, publicó la portavoz Tess Oswald en X. “Otro comentario poco serio de una administración poco seria”.

El senador demócrata de California Adam Schiff, también criticó a Vance por la “equivocación” al referirse a Alex Padilla.

California mantiene una batalla legal con el presidente Donald Trump por haber desplegado 4,000 soldados de la Guardia Nacional del estado sin la anuencia del gobernador, en un hecho que no sucedía hace 60 años.

El despliegue de los militares en Los Ángeles tendrá un costo de $134 millones de dólares, según informó el Pentágono.

Karen Bass y Gavin Newsom respondieron a Vance

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien no fue invitada a reunirse con Vance, desestimó su descripción de lo ocurrido en Los Ángeles durante las últimas dos semanas.

“Desafortunadamente, el vicepresidente no se tomó el tiempo de conocer nuestra ciudad y comprender que es una ciudad de inmigrantes de todos los países y continentes del planeta”, declaró Bass en una conferencia de prensa el viernes por la noche. “Pero, claro, sí tuvo que justificar los cientos de millones de dólares de los contribuyentes malgastados en una maniobra publicitaria”.

“¿Cómo se atreve a decir que los funcionarios municipales incitan a la violencia?”, dijo Bass. “Mantuvimos la paz”.

El gobernador de California dijo al vicepresidente Vance en una publicación en X que ya que tenía tantas ganas de hablar de Newsom, por qué no lo hacía en persona. Y lo invitó a un debate, diciéndole que solo le dijera la fecha y la hora.

La visita de Vance a Los Ángeles, que duró menos de cinco horas, coincidió con el retiro anual de verano del Comité Nacional Republicano en Beverly Hills. Las entradas para un evento benéfico en el Four Seasons, al que Vance acudió, costaron hasta $445,000 dólares, según NOTUS, un grupo de noticias sin fines de lucro.

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“Estamos observando un aumento drástico de amenazas contra senadores, congresistas, funcionarios públicos y en todo Estados Unidos”, expresó el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (Nueva York). “Estos ataques no son solo ataques a individuos, sino a la democracia, a nuestra forma de vida, a nuestras creencias, y son un intento de intimidación”.

El mensaje de Schumer fue para criticar el sometimiento la semana pasada del senador Alex Padilla (California) y las acusaciones contra otros congresistas, pero casi en paralelo agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron al contralor y candidato a la Alcaldía de Nueva York, Brad Lander, en un edificio federal en el Bajo Manhattan, tras cuestionar a los oficiales sobre una orden judicial para detener a un inmigrante.

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Las acciones contra congresistas y otros funcionarios electos han ocurrido durante las operaciones de ICE y otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Arrestar al contralor Lander es despreciable y otro ejemplo de cómo Trump utiliza a las fuerzas del orden para atacar a sus enemigos políticos, en lugar de centrarse en la seguridad pública”, acusó Schumer más tarde. “El DHS miente descaradamente en su declaración. En el video, el contralor Lander claramente no le pone la mano encima a nadie”.

Schumer se refiere a que Lander habría interferido en un proceso federal, pero sus defensores lo niegan.

Una situación similar se vio con Padilla, quien ingresó a la conferencia de prensa de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pero no pudo realizar una pregunta, cuando oficiales federales lo empujaron y jalonearon fuera del salón, a pesar de haberse identificado como “el senador Alex Padilla”, según el video que se volvió viral en X y otras redes.

“La semana pasada decidí regresar a casa para intentar obtener respuestas de la administración, ya que están literalmente militarizando nuestra ciudad”, dijo este martes Padilla en el pleno del Senado. “A mis colegas de ambos partidos: ¿estamos realmente preparados para vivir en un país donde el presidente pueda desplegar las Fuerzas Armadas para decidir qué gobernadores y alcaldes debidamente electos deben tener permitido liderar a sus electores? ¿De verdad nos parece bien ese precedente?”.

Este lunes el Caucus Hispano del Congreso (CHC) y un alto número de representantes y senadores pidieron al líder de la mayoría en el Senado, el republicano John Thune (Dakota del Sur), exigir el respeto a los miembros del Senado.

El caso de LaMonica Mclver

La semana pasada, la representante demócrata LaMonica McIver (Nueva Jersey) fue acusada por un gran jurado federal de tres cargos por presuntamente “obstaculizar e interferir por la fuerza con agentes federales del orden público” y podría enfrentar hasta 17 años de prisión si es declarada culpable.

“Los hechos de este caso demostrarán que simplemente cumplía con mi deber y expondrán este proceso por lo que es: un descarado intento de intimidación política”, ha dicho Mclver.

La representante y sus colegas de partido, el representante Rob Menéndez Jr. y Bonnie Watson Coleman, intentaban revisar el centro de detención Delany Hall en Newark el mes pasado, pero los oficiales federales se los impidieron.

En el mismo hecho, agentes del ICE arrestaron al alcalde de Newark, Ras Baraka, quien también enfrentó acusaciones federales impulsadas por la fiscal de Distrito, Alina Habba.

A finales de mayo, el caso fue desechado por el juez magistrado Andre Espinosa, quien criticó a la fiscal Habba y a su equipo y consideró esa persecución judicial como “vergonzosa”.

Organizaciones en contra de persecución

La semana pasada, varias organizaciones civiles se sumaron al rechazo del trato que autoridades federales están dando a congresistas y otros funcionarios.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) exigió una investigación sobre los hechos contra Padilla.

“Lo ocurrido con el senador Alex Padilla es nada menos que un abuso de poder indignante y un ataque directo a nuestra democracia”, declaró Roman Palomares, presidente nacional y presidente de la junta directiva de LULAC.

En el mismo tenor se pronunciaron grupos de influencia a nivel nacional, como Latino Victory y America’s Voice.

Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, calificó los hechos como un “atentado a la democracia”.

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Los agentes lanzaron granadas aturdidoras y gases lacrimógenos, y el helicóptero Sky5 de KTLA capturó el momento en que los agentes, a pie y a caballo, se adentraron en la multitud.

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que algunos manifestantes se estaban volviendo cada vez más indisciplinados y lanzaban piedras, ladrillos, botellas y fuegos artificiales, a pesar del carácter generalmente pacífico de los acontecimientos del día.

La orden de dispersión abarcó la calle Alameda entre Aliso y Temple, y la calle Los Ángeles entre Aliso y Temple.

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Además, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) declaró que todas las rampas de entrada y salida de la autopista 101 permanecerían cerradas entre la calle Alameda y la autopista 110. Tanto el LAPD como el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles estuvieron presentes y activos en los sucesos.

Las protestas nacionales “No Kings” (“Sin Reyes”) del sábado en Los Ángeles y en cientos de lugares de Estados Unidos coincidieron con el Día de la Bandera, el 250 aniversario del Ejército de Estados Unidos y el cumpleaños 79 del presidente Donald Trump.

A pesar de las afirmaciones del LAPD sobre que los manifestantes lanzaron objetos, la organización “No Kings” aconsejó a los manifestantes que permanecieran no violentos y respetuosos el sábado.

Según un portavoz de “No Kings”, más de 200,000 personas participaron en manifestaciones en toda la región de Los Ángeles, con casi 5 millones de manifestantes en todo el país. Las actividades oficiales de “No Kings” finalizaron alrededor de las 6 p.m.

La ciudad de Los Ángeles ha impuesto un toque de queda a las 8 p.m. (hora del Pacífico) y se anima a los manifestantes a despejar todas las zonas antes de esa hora.

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“¡Dinero para trabajos y educación, no para guerra y deportaciones!” fue una de las arengas que repetían los miles de manifestantes, alrededor de 50,000, según estimaciones de algunos organizadores, quizás 20 ó 25,000, calculó una oficial del NYPD que prefirió no decir su nombre.

“En la última protesta llegaron más de 150,000 personas, esperamos casi lo mismo”, dijo Erin, de la organización Indivisible, una de las decenas que convocaron a manifestantes en todo el país.

La música fue una constante, desde tambores, sonidos de jazz y canciones de rock cuyas frases cayeron como anillo al dedo para los manifestantes: “¡No lo vamos a aceptar de nuevo, no lo vamos a aceptar de nuevo”, gritaba un grupo a ritmo de la famosa canción de Twisted Sister, “We’re not gonna take it”.

La convocatoria se originó hace varias semanas, pero en las últimas dos cobró mayor relevancia tras las las redadas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que desataron protestas en Los Ángeles, California, donde las personas fueron replegadas con balas de goma y gases lacrimógenos. El presidente Trump respondió con el despliegue de 4,000 elementos de la Guardia Nacional y 700 miembros de la Marina, abriendo un nuevo debate sobre el abuso del poder y la “federalización” de la Guardia Nacional, como indica el Brennan Center for Justice.

La lluvia sabatina no espantó a la gente, que llevó sombrillas, pero la mayoría portaba chamarras impermeables y ponchos de plástico que se vendían por $5 dólares.

Hubo gente que acudió desde Long Island, como una familia de ocho miembros con dos niños, quienes tomaron el Long Island Rail Road (LIRR), el tren, hacia Penn Station en Manhattan. “La salud no es una estadística”, decía uno de los mensajes escritos en cartulina protegida con plástico que llevaba la familia. Cada manifestante se unió por una causa distinta y encontró en la protesta gente a quien le preocupa esa causa, ya sea la educación, la violación al Estado de derecho, las redadas indiscriminadas de ‘La Migra’, los recortes a programas de salud o el intento del presidente Trump de controlar tanto como pueda, como si fuera un rey.

“Queremos que todos, cualquiera que esté molesto con esta administración por sus propios motivos, sea bienvenido a nuestra plataforma”, dijo Erin. “Queremos una coalición grande y amplia de personas, por cualquier motivo, a lo que quieran decir que no, que se unan”.

“No tenemos reyes, dijo Erin, es el mensaje que se desea enviar al presidente Trump.

¿Por qué hay pocos latinos?

En otras protestas similares es común ver grupos de latinos participando, como ocurrió en Women’s March en 2016, con la primera administración del presidente Trump, también en la protesta previa a la toma de posesión del republicano el 20 de enero pasado, en Washington, D.C.

Al menos en Nueva York, era clara la falta de presencia latina, pero algunos llegaron con sus mensajes de protesta, como Kevin, quien portaba una cartulina con doble mensaje: “No corremos. ¡Nos levantamos! Te escondes tras los muros y el miedo”, decía al frente en inglés, mientras en la parte trasera expresaba: “Por l@s que no tienen bandera, pero tienen corazón, no están sol@s”.

“Estoy indignado con todo lo que está pasando, me parece que nuestra comunidad, especialmente los latinos, están siendo muy afectados, siendo discriminados y yo soy ciudadano y estoy aquí protestando”, dijo.

Se le preguntó que esa discriminación que describe es parte del miedo que obligó a la gente quedarse en casa, para no arriesgarse.

“Creo que mucha gente no tiene la posibilidad de salir a protestar, porque está en una situación un poco más precaria”, expresó en referencia a que no tienen papeles o tienen visas provisionales. “Por eso siento que al menos yo, como ciudadano, es mi deber salir para manifestarnos para nosotros, para el país también”.

Muchos de los mensajes eran contra los operativos migratorios en lugares de trabajo, cortes, granjas, restaurantes y otros espacios. “Que se joda La Migra”, decía uno de los mensajes; otro expresaba: “¡Dejen a los inmigrantes!”

La protesta comenzó en la Biblioteca Pública de la Quinta Avenida, entre las calles 40 y 42, pero la cantidad de gente se extendía varias cuadras hacia el norte de la ciudad y la zona este. La caminata fue tranquila, salvo la presencia de un simpatizante del presidente Trump, que portaba una camiseta con la fotografía del día en que el ahora mandatario fue herido en la ojera en Butler, Pensilvania, durante su campaña. “¡Nos vemos en la noche!”, retó el hombre a uno de los manifestantes, quien le cuestionó haber asistido a la protesta. Elementos del NYPD retiraron al trumpista, pero él volvió.

¿Por qué no fuiste al desfile militar en D.C.?, le pregunté. “Aquí estoy, esta es mi ciudad”, espetó molesto, para luego darse la vuelta.

Al frente de la marcha, un hombre disfrazado de Trump, vestido con el uniforme naranja de un recluso, caminaba a un lado del grupo de motoristas de la NYPD. El final de la marcha fue en Madison Square Park, en la calle 26, donde Erin y su colega portaban un mensaje claro: “Nuestra marcha terminó. Sigan resistiendo. No tenemos Reyes”.

¿Y el resto del país?

Colegas periodistas de algunos estados compartieron sus impresiones en protestas en otras ciudades, como Los Ángeles, donde hubo incluso miles de participantes más, muchos de ellos de origen latino.

También en Chicago, Illinois, y Dallas, Texas, salieron miles de personas a manifestarse, igual que en Washington, D.C., donde las protestas ocurrieron antes del desfile militar.

El Departamento de Defensa desplegó diferente equipo militar, para que la gente se tomara fotografías. Un colega de La Jornada, un importante periódico en México, compartió a este periodista una imagen que muestra a un niño jugando con un lanzagranadas, quizás más largo que el niño si lo colocan en paralelo.

Las protestas ocurrieron en distintos horarios, dependiendo la zona, en Nueva York, pasadas las 4:00 p.m., la gente ya se había dispersado y, empapada, tomaba el Subway a casa o se quedó tomando un refrigerio en un restaurante aledaño.

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Las autoridades confirmaron el incidente a Reuters después de que la agencia de noticias mostrara imágenes militares tomadas por un fotógrafo de Reuters donde se ve a soldados deteniendo a un hombre.

Las imágenes mostraban a soldados de la Infantería de Marina deteniendo a un hombre sujetándole las manos a la espalda con bridas, y luego a este siendo entregado a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Marcos Leao, de 27 años, intentaba acceder a la oficina del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU. dentro del edificio federal cuando soldados de la Infantería de Marina lo detuvieron por eludir el puesto de control y la cinta amarilla que los separaba.

Los soldados le pidieron que regresara y luego le ordenaron que se tirara al suelo.

Leao afirmó que los soldados creían que no estaba siguiendo órdenes, lo que provocó su detención. Al preguntársele cómo se sentía sobre el trato recibido, Leao respondió que fue solo un procedimiento.

Leao afirmó que es un momento difícil y que “estamos en una situación en la que la gente se está volviendo más agresiva con lo que está sucediendo”.

“Pero mientras sientas que has cumplido con todo”, dijo, “funcionó de forma bastante natural… y ahora soy libre de volver a casa”.

El hombre fue liberado rápidamente y el incidente pareció ser leve, según medios locales.

Pero fue notable por un motivo importante: las tropas federales rara vez se despliegan en suelo estadounidense y rara vez se las ve deteniendo a civiles estadounidenses, ni siquiera temporalmente.

El Ejército Norte de Estados Unidos confirmó a ABC News que los marines del Edificio Federal Wilshire realizaron la primera detención temporal entre las tropas enviadas a Los Ángeles el viernes.

En una entrevista con esa cadena de noticias a principios de semana, el mayor general Scott Sherman, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta 51, declaró: “Estamos allí para proteger a sus oficiales federales, a su personal federal”.

Si ese personal es agredido, dijo Sherman, “los soldados o marines tienen permitido tomar a esa persona, detenerla en el lugar y esperar a que llegue el agente de la ley federal y la arreste”.

Los Ángeles espera más protestas el sábado

Al menos una docena de grupos diferentes planean protestar en el área de Los Ángeles el sábado, luego de ocho días consecutivos de manifestaciones en el centro de la ciudad que han condenado las operaciones federales destinadas a perseguir y capturar a inmigrantes indocumentados en sus trabajos y en las calles de la ciudad.

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Después de que algunas protestas contra las redadas federales de inmigración se volvieran caóticas, Trump ignoró la voluntad del gobernador de California, Gavin Newsom, y activó la Guardia Nacional estatal.

Esta medida, según declararon exlíderes militares a la BBC, fue una escalada de las promesas previas de Trump de usar soldados para sofocar las protestas y sentó un nuevo precedente.

Sumada a la afición de Trump por la imagen militar —tiene planeado un desfile militar en Washington D.C. el sábado para conmemorar el 250º aniversario de la fundación del ejército de EE.UU.—, la intervención del presidente en Los Ángeles ha suscitado temores de que esté “politizando a las fuerzas armadas”, declaró el mayor general retirado del ejército de Estados Unidos Randy Manner.

“Intensificó la situación inmediatamente por razones puramente políticas. No son razones justificables”, dijo el general Manner, quien se desempeñó como subjefe interino de la Oficina de la Guardia Nacional.

Sin embargo, el gobierno de Trump sostiene que tomó el control de la Guardia Nacional de California para restablecer el orden y proteger a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras realizaban redadas de inmigrantes indocumentados en Los Ángeles.

El ICE “tiene derecho a realizar operaciones de forma segura en cualquier estado y jurisdicción del país”, declaró el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una audiencia en el Congreso el martes.

Trump también publicó en redes sociales que Newsom “no pudo brindar protección oportuna” a los agentes del ICE.

“Si nuestros soldados no hubieran entrado en Los Ángeles, estaría en llamas ahora mismo”, escribió el presidente en TruthSocial el miércoles.

Pero Newsom, demócrata y crítico abierto de Trump, sostuvo que el estado podía por sí solo controlar a los manifestantes. Calificó la intervención de Trump como un “abuso descarado de poder” que exacerbó una “situación explosiva”.

El jueves, un juez federal declaró ilegal el despliegue de Trump y le ordenó devolver el control de la Guardia a Newsom. Esa orden está suspendida por una apelación del gobierno.

Las protestas han continuado durante casi una semana y la policía de Los Ángeles ha realizado cientos de arrestos, principalmente por rehusar a dispersarse, pero también por violar el toque de queda en el centro de Los Ángeles, posesión de armas de fuego y agresión a un agente de policía.

La decisión de Trump de quitar el control de la Guardia Nacional a Newsom va más allá de sus posturas duras del pasado contra las protestas, especialmente en estados liderados por demócratas.

Tras la muerte de George Floyd en 2020, que desencadenó manifestaciones a nivel nacional a favor de la reforma policial y la justicia racial, Trump pidió una respuesta militarizada.

Trump criticó la muerte de Floyd, ocurrida bajo custodia policial en Minneapolis, Minnesota.

Pero a medida que estallaban las protestas y algunas derivaban en saqueos, Trump pidió a los gobernadores demócratas que fueran “mucho más duros”, y advirtió: “el Gobierno Federal intervendrá y hará lo que sea necesario, lo que incluye utilizar el poder ilimitado de nuestras Fuerzas Armadas y realizar numerosos arrestos”.

Cuando los manifestantes marcharon entonces en Washington D.C., Trump tuiteó que, si hubieran irrumpido en la Casa Blanca, “habrían sido recibidos con los perros más feroces y las armas más siniestras que jamás hayan visto”.

Durante las protestas en Washington D.C., helicópteros de la Guardia Nacional sobrevolaron a baja altura para dispersar a la multitud.

Una investigación posterior del ejército estadounidense concluyó que el incidente fue un uso indebido de aeronaves médicas militares, según informó el diario The Washington Post.

“Lo que estamos viendo en Los Ángeles es una tormenta perfecta”, declaró John Acevedo, decano asociado de la Facultad de Derecho de Emory, quien estudia la libertad de expresión y las protestas en Estados Unidos.

“Hay manifestantes, son violentos. Una situación ideal para el presidente Trump, que puede hacer uso de su objetivo de utilizar tropas contra los manifestantes”.

El presidente tiene la facultad de federalizar a los soldados de la Guardia Nacional, y lo puede hacer cuando sean necesarias en el extranjero o cuando los estados soliciten asistencia adicional.

Sin embargo, en circunstancias normales a nivel nacional, la solicitud de asistencia comienza a nivel local.

El gobernador puede entonces activar la Guardia del estado o solicitar asistencia federal al presidente.

Los presidentes estadounidenses no han tomado el control de la Guardia Nacional de un estado contra la voluntad de un gobernador desde la época de la lucha por los derechos civiles.

En aquella época, el presidente Dwight Eisenhower intervino para facilitar la integración racial en una escuela en Arkansas y el presidente Lyndon B. Johnson posteriormente solicitó a los soldados de Alabama que protegieran a los manifestantes.

“A lo largo de las décadas, hemos desarrollado estatutos, reglamentos y protocolos que rigen nuestra gestión de los disturbios civiles por razones muy sólidas”, declaró el mayor general retirado William Enyart, excongresista que también dirigió la Guardia Nacional de Illinois de 2007 a 2011.

Trump optó por “ignorar toda esa experiencia adquirida con tanto esfuerzo”, añadió el general Enyart.

Considera las acciones del presidente en Los Ángeles como “teatro político” y hace referencia a un pequeño número de manifestantes que quemaron coches autónomos de Waymo durante el fin de semana.

“Trump es el maestro de los reality shows. Piensa que estos son un modelo excelente de televisión. ¿Qué es más emocionante que ver un par de autos autónomos ardiendo en la calle?”, pregunta el general Enyart.

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La Guardia Nacional de California fue desplegada para ayudar a controlar las protestas en Los Ángeles.Miembros de la Guardia Nacional de California desplegados frente a manifestantes el 9 de junio.Getty Images

Valentina Ballesta, directora adjunta de Investigación para América de Amnistía Internacional, reconoció que el impulso de leyes como “Laken Riley”, que obviaría el debido proceso para la detención de inmigrantes, forman parte de las acciones de la Administración Trump que atentan contra el Estado de derecho.

“El mayor riesgo aquí es no solo al debido proceso y a las garantías constitucionales de todas las personas a ser juzgadas por un tribunal imparcial y a defenderse de este tipo de acusaciones, sino que también la separación de poderes está en riesgo”, expresó en entrevista. “Creemos que este aumento de las prácticas autoritarias en los Estados Unidos puede venir a hacer una especie de efecto dominó sobre las instituciones y sobre todas las garantías que tienen las personas”.

Ballesta indicó que EE.UU. había sido una especie de “refugio” para movimientos en otros países donde se “violan sistemáticamente los derechos humanos”.

Amnistía Internacional, agregó la experta, evalúa las acciones que está tomando el gobierno del presidente Trump que estén afectando derechos civiles, el debido proceso y la división de poderes, así como abusando del uso de militares en aspectos civiles.

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La demonización de los inmigrantes

El gobierno del presidente Trump ha implementado varias acciones contra inmigrantes indocumentados, lo que ha sido calificado por organizaciones civiles como una campaña de “terror”, al empujarlos incluso a la deportación.

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es apoyada por el FBI, la DEA y otras oficinas federales para el arresto de inmigrantes y cumplir la cuota de 3,000 personas detenidas por día.

A eso se suman operativos en tribunales migratorios, además de que la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) confirmó cambios en procesos de peticiones de visas, incluida la Green Card, lo que ha derivado en el procesamiento de deportación de casi 27,000 desde mediados de febrero pasado.

“Principalmente, por supuesto, y es pareciera ser la base de todo, de esta política, digamos, es la demonización hacia la migración, hacia el refugio; hemos visto cómo sistemáticamente las autoridades de los Estados Unidos están utilizando una narrativa estigmatizante en contra de las personas migrantes”, expuso. “Esa narrativa se está convirtiendo en política real [que] afecta no solamente una narrativa de odio que podía haber estado en un nivel discursivo. Pero lo más grave, por supuesto, es que se está traduciendo en políticas específicas que frente a las que hoy protestan en Los Ángeles”.

Agregó que es posible que las protestas en California podrían ser una nueva constante en EE.UU., sobre todo por la “desaparición forzada de personas”, en referencia a inmigrantes enviados sin el debido proceso a la prisión CECOT en El Salvador.

“Parece también estar en cuestionamiento, también el aumento, por supuesto, las prácticas que hasta la fecha no pensábamos ni siquiera era posibles, como la expulsión y desaparición forzada de personas [de] migrantes hacia otros países”, expuso. “Ese evento que hasta el día de hoy no se ha revertido, que es la desaparición de más de 230 personas a El Salvador de personas venezolanas. […] Esta transformación de un discurso sumamente estigmatizante en políticas que bueno, tienen distintas manifestaciones, pero realmente estas estas últimas son las que nos parecen de mayor gravedad”.

El uso militar contra protestas

Ballesta dijo que la situación en Los Ángeles es particularmente preocupante, debido al despliegue de 4,000 miembros de la Guardia Nacional y 700 miembros de la Marina.

“Para Amnistía Internacional, la militarización de las labores de seguridad pública hacia la ciudadanía nunca es buena idea. En realidad, el estándar internacional exige que […] las labores policiales hacia personas civiles sean hechas por precisamente policías y no por el estamento militar que está diseñado, creado y el funcionamiento tiene específico que van de la mano con la lógica de conflicto armado, de enemigo, de enemigo público”.

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Insistió en que la aplicación de acciones militares tenga como objetivo la neutralización de las protestas, del ejercicio de la libertad de expresión, protegido por la Constitución en la Primera Enmienda.

“Nuestra gran preocupación es en sí el ejercer este tipo de políticas e ideas que parecieran dirigirse hacia la necesidad o al objetivo de neutralizar las protestas en contra de políticas migratorias que, por supuesto, además, también son sumamente preocupantes”, dijo. “La protesta pacífica es un derecho humano, el derecho de las personas a reunirse, a manifestarse, a expresarse libremente y el uso de la militarización como respuesta, pues es un es sin duda intimidatorio y atenta contra este derecho”.

Amnistía Internacional, agregó Ballesta, está evaluando las políticas del gobierno de Trump y cómo impulsar acciones civiles en contra de abusos de poder.

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Mientras los aliados del presidente lo aplauden, tanto el gobernador de California como la alcaldesa de Los Ángeles afirman que Trump está excediendo sus poderes y alimentando la tensión.

Los ciudadanos estadounidenses están igualmente divididos sobre el asunto. Pero ¿piensan que quien ha ido demasiado lejos es el presidente o los manifestantes?

Esta es la opinión de seis electores sobre el asunto.

Eric Kaiser, 46 años, independiente

Este hombre de Indiana está preocupado por el precedente que Trump está sentando al enviar a la Guardia Nacional a Los Ángeles.

He visto diferentes opiniones sobre su legalidad, pero me parece que el gobierno federal está siendo muy estricto al respecto, lo cual me preocupa, ya que la protesta es una forma de expresión protegida en este país.

Me preocupa que esto enfrente a estadounidenses contra estadounidenses, y específicamente a militares estadounidenses contra ciudadanos estadounidenses.

La administración Trump está abordando [las redadas de ICE] de una manera interesante… Al realizar redadas unilaterales como estas, están cometiendo muchos errores y esos errores están costando la libertad de las personas.

El gobierno no está admitiendo sus errores y no está siguiendo el debido proceso.

Tenemos leyes en este país por una razón.

Demesio Guerrero, 70 años, republicano

Este residente de Texas, nacido en México y ciudadano naturalizado estadounidense, apoya el despliegue de tropas para sofocar las “vergonzosas” protestas en California.

Es una pena que personas que han venido a este país para establecerse estén provocando estos disturbios.

Tiendo a pensar que muchos de los alborotadores son personas con antecedentes penales. Manifestantes violentos.

La gente que quiere estar aquí para forjar un futuro y formar una familia en este generoso país no haría eso. Muchos incluso ondean banderas mexicanas. Es una vergüenza.

Respeto al presidente de muchas maneras. Es alguien que sabe cómo lograr resultados. Es el presidente de la ley y el orden.

¿Qué se supone que debe hacer? ¿Dejarlos que quemen basura? ¿Dejarlos que destruyan Los Ángeles?

Lori Gregory, 62 años, demócrata

Esta mujer de California está consternada por lo que ve en Los Ángeles y por el “ataque” contra los inmigrantes por parte de la administración Trump.

Cuando vi que llamaron a la Guardia Nacional, me puse a llorar porque está utilizando todo lo que puede como arma. No hay libertad de expresión, no hay disidencia; es como repetir el manual de Hitler.

De verdad es desgarrador.

Lo siento mucho por la gente a la que ataca. Está mal, es antiestadounidense. Va totalmente en contra de la razón por la que se fundó este país.

Estoy impactada. Probablemente no debería estarlo, pero no puedo creer que esté sucediendo. No puedo creer que el ejército y la Guardia Nacional apoyen esto.

Jim Sullivan, 55 años, republicano

Este hombre de Indiana quiere que cese la violencia, pero también le preocupa lo que significará para el futuro el despliegue del ejército en respuesta a las protestas.

En mi opinión, esto va mucho más allá de las protestas. Es un ataque a nuestra soberanía y a nuestra sociedad civil. Podemos debatir sobre políticas migratorias, pero la violencia y el caos no deben tolerarse.

[Pero Trump es] quien va a llevar las cosas al límite de la legalidad, y si logra salirse con la suya, creo que lo hará.

Esa es una de mis preocupaciones sobre todo este asunto. No estoy completamente de acuerdo, pero al mismo tiempo, creo que hay que hacer algo. No se está solucionando.

Mi inquietud se centra en los precedentes… Siento que todo lo que hacemos, cuando sentamos nuevos precedentes, se convertirá en nuevas normas y no en la excepción.

Devynn De Velasco, 22 años, independiente

Esta mujer de Nebraska dice que probablemente se involucrará en las protestas de su ciudad porque está molesta con lo que ve que Trump hace en Los Ángeles.

Al ver los videos, vi algunas protestas generalmente pacíficas. Parece que Trump simplemente está enojado porque están sucediendo, en lugar de intentar evitar que se vuelvan violentas.

Se ha convertido cada vez más en un presidente que usa su poder para imponer su voluntad [en lugar] de la voluntad del pueblo.

Me pregunto hasta qué punto seguirá haciendo esto.

Es totalmente válido que la gente proteste contra el ICE, porque, siendo honesta, hay muy pocas pruebas del debido proceso para las personas que han sido detenidas injustamente por el ICE.

Ross Barrera, 59 años, republicano

Veterano del Ejército de EE.UU. con 29 años de servicio y coronel retirado, este tejano, originario de la ciudad fronteriza de Río Grande, con una población mayoritariamente latina, cree que las protestas han ido demasiado lejos.

Cuando los gobiernos estatales y locales no respaldan la ley federal —en este caso, las órdenes de deportación—, el despliegue militar es necesario para proteger vidas, propiedades y comercios.

Los manifestantes están bloqueando carreteras principales, interrumpiendo el comercio, destruyendo e incendiando patrullas policiales e interfiriendo con las órdenes de dispersión de la policía en ciertas zonas.

Todos tienen derecho a protestar, pero no tienen derecho a obligarme a mí ni a otros a escucharlos.

Crear violencia para llamar la atención tiene consecuencias.

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La Ley de Insurrección autoriza al presidente a desplegar fuerzas militares dentro de Estados Unidos para reprimir rebeliones o violencia doméstica, o para hacer cumplir la ley en ciertas situaciones.

La escalada de intervención del gobierno federal en California está generando preguntas legales, incluyendo hasta qué punto está dispuesto a llegar Trump para usar su autoridad y frenar las protestas contra las redadas de ICE de su administración.

La Ley de Insurrección se conoce a menudo como la “Ley de Insurrección de 1807”, pero en realidad es una fusión de diferentes estatutos promulgados por el Congreso entre 1792 y 1871.

Presencia militar en los Ángeles

Trump había enviado hasta 1,700 soldados de la Guardia Nacional a Los Ángeles, según informó el Comando Norte de EE.UU.

La administración Trump prometió 2,000 tropas más el sábado. Desde entonces, el gobernador Gavin Newsom confirmó que la Casa Blanca ha ordenado 2,000 más.

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El Departamento de Defensa también ha enviado 700 marines a Los Ángeles.

California ha presentado una demanda para poner fin al despliegue de marines y de la Guardia Nacional en Los Ángeles.

Protestas en Los Ángeles

Las protestas del lunes fueron más tranquilas que las del domingo. Para la medianoche, las protestas migratorias en curso en el centro de Los Ángeles y en Santa Ana se habían dispersado en gran medida.

Los agentes utilizaron munición no letal y gas lacrimógeno en los enfrentamientos con unas pocas docenas de personas que permanecían en el centro de Los Ángeles. Horas antes, una multitud de varios cientos de personas se había congregado frente al edificio federal.

Qué es la Ley de Insurrección

Generalmente, el uso de tropas federales en territorio estadounidense está prácticamente prohibido. La Ley Posse Comitatus de 1878 limita la participación de las fuerzas armadas en la aplicación de la ley civil, a menos que el Congreso la apruebe o en circunstancias expresamente autorizadas por la Constitución.

Una excepción es la Ley de Insurrección, una ley de 218 años de antigüedad firmada por el presidente Thomas Jefferson.

La Ley de Insurrección establece, en parte: “Siempre que se produzca una insurrección en cualquier Estado contra su gobierno, el Presidente podrá, a petición de su legislatura o de su gobernador si esta no puede ser convocada, llamar al servicio federal a la milicia de los demás Estados, en la cantidad que solicite dicho Estado, y utilizar las fuerzas armadas que considere necesarias para reprimir la insurrección”.

Otra disposición establece que puede utilizarse “siempre que el Presidente considere que obstrucciones, combinaciones o reuniones ilegales, o rebelión contra la autoridad de los Estados Unidos, hacen impracticable la aplicación de las leyes de los Estados Unidos en cualquier Estado mediante el curso ordinario de los procedimientos judiciales”.

Algunos expertos legales han advertido que la ley es excesivamente amplia y vaga, y se han recibido varias peticiones para su reforma a fin de establecer mayores controles sobre el poder presidencial.

La Ley de Insurrección se ha invocado en respuesta a 30 crisis a lo largo de su historia, según el Centro Brennan para la Justicia.

Por ejemplo, loos presidentes Eisenhower, Kennedy y Lyndon B. Johnson invocaron la Ley de Insurrección durante el movimiento por los derechos civiles para hacer cumplir las órdenes de los tribunales federales que buscaban desegregar las escuelas y otras instituciones en el Sur.

¿Invocar la Ley de Insurrección es lo mismo que declarar la ley marcial?

La Ley de Insurrección no autoriza la ley marcial

El término “ley marcial” no tiene una definición establecida, pero generalmente se entiende como una facultad que permite a los militares asumir las funciones del gobierno civil en caso de emergencia.

En cambio, la Ley de Insurrección generalmente permite a los militares asistir a las autoridades civiles (ya sean estatales o federales), no sustituirlas. Según la ley actual, el presidente no tiene autoridad para declarar la ley marcial.

¿Cuándo se invocó por última vez la Ley de Insurrección?

La Ley de Insurrección se invocó por última vez en 1992, cuando el gobernador de California solicitó ayuda militar al presidente George H.W. Bush en respuesta a los disturbios civiles en Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías blancos acusados ​​de golpear al automovilista negro Rodney King.

Con 29 años y contando, este es el período más largo que Estados Unidos ha pasado sin que se invoque la Ley de Insurrección.

Ningún presidente ha invocado unilateralmente la Ley de Insurrección contra la voluntad de un estado desde que Lyndon Johnson lo hizo para brindar protección a los activistas de derechos civiles en Alabama que marchaban de Selma a Montgomery en 1965.

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