La posición de la secretaria es que bajo el marco legal vigente que regula el aborto en Puerto Rico y está contenido en los artículos 98, 99 y 100 del Código Penal, no hay más excepciones para justificar la práctica del aborto que no sean por asuntos médicos.

“Nosotros entendemos que el aborto es ilegal si no se dan los estatus que hay en el 98, 99 y 100 (del Código Penal de Puerto Rico), pero hay unas excepciones. Si el médico le dice a la madre, tu vida está en riesgo, hay que practicarte un aborto y el consentimiento informado es que la madre está de acuerdo y consciente de lo que está haciendo, pues entonces no constituye delito”, expresó Gómez Torres en una entrevista radial realizada el lunes y citada por varios medios.

Durante décadas, el gobierno de Estados Unidos adoptó como referencia sobre el derecho al aborto lo establecido en Roe vs Wade, la decisión de la Corte Suprema que legalizó el aborto en Estados Unidos en 1973. Esa determinación fue revocada en 2022 por el alto tribunal federal y desde la revocación de Roe vs. Wade, la determinación sobre el derecho al aborto pasó a cada estado.

El problema es que esta nueva reinterpretación de la ley de Puerto Rico tendrá consecuencias en cómo los médicos, las clínicas y las mujeres realizan abortos.

El Código Penal de Puerto Rico, según fue enmendado en 2012, en su artículo 98 dice: “Toda persona que permita, indique, aconseje, induzca o practique un aborto, o que proporcione, facilite, administre, prescriba o haga tomar a una mujer embarazada cualquier medicina, droga o sustancia, o que utilice o emplee cualquier instrumento u otro medio con el propósito de hacerla abortar; y toda persona que ayude a la comisión de cualquiera de dichos actos, salvo indicación terapéutica hecha por un médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico, con vista a la conservación de la salud o vida de la madre, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años“.

Y en su artículo 99, indica que: “Toda mujer que procure de cualquier persona alguna medicina, droga o sustancia, y la tome, o que se someta a cualquier operación o a cualquier otra intervención quirúrgica o a cualquier otro medio, con el propósito de provocarse un aborto excepto el caso de que fuere necesario para salvar su salud o su vida conforme a lo dispuesto en el Artículo 98 de este Código, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años“.

“Yo quiero establecer que aquí las clínicas de aborto se presume que trabajan legalmente, son reguladas. No es que vamos a salir a cerrar esas clínicas. No, eso no es así… sin embargo, si a nosotros nos llegara alguna querella o una situación que se está trabajando ilegalmente, la vamos a investigar”, agregó Gómez Torres.

La secretaria de Justicia de Puerto Rico dijo que “aplicaría el código penal de Puerto Rico, específicamente los artículos sobre el aborto”, y también que perseguiría a las clínicas de aborto.

Esto implica una posible reevaluación de los casos de aborto y qué podría constituir un cambio legal en la interpretación del término “salud”, con o sin indicación terapéutica.

Las definiciones de estos términos pueden ser amplias o tan limitadas que casi no se permiten excepciones bajo esos parámetros.

El problema es que la posibilidad de un cambio legal al derecho al aborto en Puerto Rico ya ha generado un efecto disuasorio, porque nadie quiere ser el caso de prueba para un proceso penal.

El código penal de Puerto Rico penaliza tanto al médico como a la persona embarazada, considerando que un aborto realizado fuera de este parámetro es un delito grave con una pena de 3 años de prisión, lo que significa si una mujer desea practicarse un aborto por decisión voluntaria, cometerá un crimen fuertemente sancionado en Puerto Rico.

Repudian declaraciones de la secretaria de Justicia de Puerto Rico

La organización Aborto Libre Puerto Rico (ALPR) le salió al paso el martes a la postura sobre el aborto de la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Lynnette Gómez Torres, según Noticel.com.

La ALPR denunció y rechazó enérgicamente las declaraciones de Gómez Torres, y las calificó como un acto irresponsable, con carencia de fundamento legal y contrario al ordenamiento jurídico vigente.

“El estado de derecho en Puerto Rico sobre el aborto NO ha cambiado. El aborto sigue siendo legal, seguro y accesible, y se practica conforme a derecho en clínicas médicas debidamente reguladas por el Departamento de Salud. El exsecretario de Justicia, Domingo Emanuelli, realizó un análisis de las disposiciones vigentes en Puerto Rico y afirmó que la revocación de Roe vs Wade no alteró el marco legal puertorriqueño, ya que la política pública con respecto a este derecho responde a la Constitución de Puerto Rico y no a decisiones federales sobre ese tema”, expresó Rosa Seguí, portavoz de ALPR.

Líder demócrata del Senado advierte que lucharán contra nuevas restricciones del derecho al aborto

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer (D-NY), advirtió el martes en el pleno del Senado que los republicanos están introduciendo una prohibición del aborto por la puerta trasera en su “Gran y Feo Proyecto de Ley” en un intento de hacer retroceder aún más los derechos reproductivos en Estados Unidos antes del tercer aniversario de la desastrosa decisión Dobbs y anunció que los demócratas del Senado lucharán contra estas disposiciones con todas las herramientas disponibles.

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