Durante el fin de semana, en la capital californiana surgieron disturbios entre un grupo de manifestantes e integrantes de las autoridades.

Al difundirse imágenes de civiles enfrentándose con policías y de vehículos incendiados, con el objetivo de contener a los inconformes con su plan de deportaciones, el presidente Donald Trump ordenó el envío de 4,000 integrantes de la Guardia Nacional; en tanto que el Pentágono desplegó a cerca de 700 marines para proteger edificios y funcionarios federales.

Sin embargo, en otras ciudades comenzaron a efectuarse manifestaciones alternas en solidaridad con lo ocurrido en Los Ángeles y en oposición a las redadas llevadas a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a extranjeros carentes de estatus legal.

Al enterarse de que próximamente podría efectuarse una protesta en San Antonio, Texas, el mandatario republicano Greg Abbott emitió un mensaje a través de la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, donde advirtió que a los manifestantes no se les permitirá transgredir la ley.

“La protesta pacífica es legal. Dañar a una persona o propiedad es ilegal y conllevará arresto. @TexasGuard utilizará todas las herramientas y estrategias para ayudar a las fuerzas del orden a mantener el orden”, expuso.

No obstante, el planteamiento de salir a las calles del “Estado de la Estrella Solitaria” parece estar cobrando fuerza.

En redes sociales, grupos como Movimiento 50501, el Partido Demócrata del Condado de Bexar, el Partido por el Socialismo y la Liberación, y la Marcha Indivisible y de las Mujeres están invitando, sobre todo a los hispanos, a participar en una marcha programada a celebrarse el sábado en el centro de San Antonio a la misma hora en que en Washington se efectuará un desfile militar con el objetivo de celebrar el 250 aniversario del Ejército y de paso el cumpleaños 79 de Donald Trump.

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La afroamericana de 38 años enfrenta dos cargos de supuesta agresión derivados de una visita que realizó el 9 de mayo al Delaney Hall de Newark, recinto privado que el ICE utiliza como centro de detención temporal para extranjeros carentes de estatus legal.

El Departamento de Seguridad Nacional publicó un video de casi dos minutos de duración donde se observa a LaMonica McIver ubicada detrás de una valla metálica justo antes del arresto del alcalde mientras otras personas protestaban.

Segundos después, la demócrata se une a un grupo de personas que protestan, pero en cuestión de instantes su codo izquierdo y luego el derecho empujan a un agente que vestía una mascarilla oscura y un uniforme verde oliva con la palabra “Policía”.

Lo controversial del asunto es que el video de la cámara corporal de la policía no determina si el contacto físico fue accidental, intencional o debido a que la mujer fue empujada por otras personas.

Sin embargo, a través de una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la fiscal Alina Habba anunció la acusación formal en contra de McIver ante el gran jurado.

“Si bien las personas tienen la libertad de expresar sus opiniones a favor o en contra de determinadas políticas, no deben hacerlo de una manera que ponga en peligro a las fuerzas del orden y a las comunidades a las que sirven esos oficiales”, expuso.

La exabogada de Donald Trump además anticipó que, dos de los cargos en contra de la representante por Nueva Jersey conllevan una pena máxima de hasta ocho años de prisión; en tanto que un tercero le implicaría otros 12 meses de privación de libertad.

Mediante una declaración, Fatima Goss Graves, presidenta y directora ejecutiva del National Women’s Law Center, advirtió que las imputaciones en contra de LaMonica McIver son un ejemplo de cómo el gobierno pretende sancionar a quienes rechazan sus políticas.

“Las acusaciones contra la congresista LaMonica McIver no sólo carecen de fundamento, sino que son un ataque a la separación de poderes de nuestra Constitución.

Como miembro del Congreso elegido democráticamente, la diputada McIver tenía tanto el derecho legal como la responsabilidad de entrar en esa instalación de inmigración como parte de sus funciones de supervisión.

Esta acusación no es más que un flagrante acto de represalia política, una medida autoritaria destinada a impedir la rendición de cuentas y silenciar la disidencia. Y llega justo después de que Donald Trump amenazara con arrestar al gobernador de California, Gavin Newsom, por hacer su trabajo y oponerse al despliegue del ejército estadounidense contra los californianos.

Este es otro ejemplo de Trump armando el sistema judicial para castigar a sus críticos y protegerse de la rendición de cuentas”, señala el documento.

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